El juez Llarena esperará a la Justicia europea antes de pedir otra detención de Puigdemont

En una providencia, el juez instructor de la causa del 'procés soberanista', Pablo Llarena, ha anunciado que no tomará una decisión inmediata sobre las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular para reactivar las euroórdenes contra Carles Puigdemont y Antonio Comín.

El magistrado ha optado en cambio por esperar el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a las posibles medidas cautelares.

Esta solicitud surge después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) levantara, el 5 de julio, la inmunidad parlamentaria de ambos eurodiputados, a lo que la Fiscalía y la acusación ejercida por Vox respondieron pidiendo que se reactivaran las euroórdenes.

El juez Llarena ha recordado que el TJUE tiene hasta el 15 de septiembre para considerar la apelación, permitiendo que se soliciten medidas cautelares y provisionales para restablecer la inmunidad parlamentaria.

En sus argumentos, el magistrado destaca que si se emitiera una euroorden en la etapa actual del proceso, quedaría inmediatamente paralizada si el TJUE otorga alguna medida cautelar durante el recurso. Esto detendría su tramitación a nivel internacional, haciendo innecesario adelantar la orden de detención en este momento.

Inmunidad en entredicho

En 2020, el juez Llarena solicitó al Parlamento Europeo que suspendiera la inmunidad de los líderes independentistas. Por su parte, Puigdemont, Comín y su compañera Clara Ponsatí solicitaron la anulación del suplicatorio, alegando que el Tribunal Supremo carecía de competencia y que debían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Los 3 obtuvieron la inmunidad parlamentaria en mayo de 2022, cuando el TJUE aceptó devolvérsela de forma provisional al considerar que corrían el riesgo de ser detenidos, como ya le había sucedido previamente a Puigdemont en Italia y Alemania. Sin embargo, el TGUE desestimó la medida cautelar el 5 de julio de 2023, en su sentencia, dejando sin efecto el suplicatorio del magistrado español.

La Fiscalía había argumentado que se cumplían los requisitos establecidos en la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE, permitiendo a la justicia española dictar órdenes de detención y entrega cuando los delitos enjuiciados impliquen una pena de prisión de al menos doce meses. En consecuencia, consideraron procedente emitir nuevas órdenes de detención internacionales y europeas contra ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023.

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