Este lunes el Gobierno central y el Ejecutivo vasco han firmado el traspaso de 3 competencias: Cercanías, acogida de refugiados y homologación de títulos universitarios extranjeros.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, que ha ratificado el traspaso de las 3 competencias acordadas entre el Gobierno y el País Vasco.
La representación del País Vasco en la reunión por videoconferencia de la Comisión Mixta de Transferencias ha estado encabezada por la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.
Se firman así los primeros traspasos de la XV Legislatura, “fruto de la colaboración permanente entre ambas administraciones y revelan la voluntad de seguir avanzando en el orden constitucional y el desarrollo estatutario”, ha destacado Ángel Víctor Torres.
El traspaso de estas competencias está recogido en el Estatuto de Autonomía de la comunidad de 1979.
El ministro ha subrayado que “los nuevos traspasos de competencias son un ejemplo más de los constantes acuerdos que alcanza el Gobierno de España con las comunidades autónomas y con ellos profundizamos en la descentralización y fortalecemos el Estado de las autonomías”.
En los traspasos ratificados hoy se crean órganos de seguimiento, integrados por representantes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para asegurar el buen desarrollo de los servicios desde el primer día y con el objetivo, en última instancia, de prestar un servicio más eficiente y de mayor calidad a la ciudadanía.
Transporte de viajeros por Cercanías
El primero de los acuerdos es el traspaso del servicio de transporte de viajeros por ferrocarril, que incluye los “núcleos de Cercanías” de Bilbao y San Sebastián y los servicios ferroviarios entre Karrantza y Bilbao, Araia-Vitoria/Gasteiz y Vitoria/Gasteiz con Manzanos-Ribera Baja.
Una vez se publique el acuerdo en el BOE, se abrirá un plazo de 6 meses para que el País Vasco se subrogue en el contrato del Estado con RENFE para la prestación de estos servicios.
El traspaso incluye también un compromiso del Estado de inversión en infraestructuras ferroviarias en el País Vasco, que se convierte en la primera Comunidad Autónoma que recibe de forma integral estas funciones, que establecen un nuevo modelo descentralizado de gestión de los servicios de transporte por ferrocarril de cercanías.
Homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios
El segundo acuerdo profundiza en las competencias en educación, completando la transferencia aprobada en 2011 con la homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios (hasta ahora la autonomía podía hacer homologaciones sólo hasta el nivel de la enseñanza secundaria). Podrán solicitarlo los residentes en el País Vasco. El acuerdo, primer traspaso en esta materia, entrará en vigor el 1 de julio del 2024.
Permanecerán en la Administración General del Estado la potestad normativa para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos; la regulación del reconocimiento de estudios universitarios extranjeros; y la determinación de la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.
Segunda fase del sistema de autonomía personal
El País Vasco asume funciones como la prestación de apoyo social, psicológico, jurídico y cultural o el asesoramiento sociolaboral. Es el primer traspaso en esta materia, poniendo en marcha un nuevo modelo de distribución de competencias en el sistema de acogida de protección internacional, con el que las comunidades autónomas llevarán a cabo actuaciones, prestaciones o servicios en favor de personas beneficiarias de protección internacional temporal.
Por ejemplo, para las personas a quienes el Estado le ha concedido el estatuto de refugiados conforme al Derecho Internacional. Este traspaso entrará en vigor el 1 de enero del 2025.
La AGE seguirá ejerciendo las funciones de legislación y ejercicio de la potestad reglamentaria relativas a la protección internacional; la tramitación de solicitudes de protección internacional, temporal o apatridia; la determinación de los requisitos básicos de las prestaciones; los estándares, criterios e indicadores básicos de seguimiento de las actuaciones; la aprobación de los protocolos de derivación de las personas beneficiarias; y el mantenimiento de la central de información.
Con estos acuerdos, Pedro Sánchez cumple el pacto de investidura con las formaciones vascas, pues se comprometió a traspasar una serie de competencias a la región.
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