El actor Imanol Arias ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y ha aceptado menos de dos años de cárcel, lo que no implica su entrada en prisión, en el mismo reconoce haber defraudado a Hacienda 2,7 millones de euros de sus ganancias en la popular serie 'Cuéntamé como pasó'. Por su parte, Ana Duato ha renunciado a cualquier pacto y va ir a juicio, donde piden 32 años de cárcel para ella.
La defensa de Imanol ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción que se va a concretar en el juicio que ha empezado este martes en la Audiencia Nacional y que, según reportan fuentes jurídicas, consiste en una condena de menos de dos años de cárcel y el pago de una multa a cambio de admitir varios delitos contra Hacienda.
El actor, que ya ha abonado toda la responsabilidad civil que le pedía el fiscal, se sienta en el banquillo de los acusados junto a su compañera de reparto en la citada serie, Ana Duato, para quien la Fiscalía solicita 32 años de prisión.
Para Imanol Arias, el fiscal Tomás Herranz pedía en un principio 27 años, si bien esta reclamación se ha tenido una reducción en virtud del citado pacto, que todavía debe concretarse en el juicio.
Por otro lado, al comienzo de la sesión, el fiscal ha declarado que retira la acusación contra la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez, para la que solicitaba 9 años y 6 meses de cárcel por varios delitos fiscales.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado continúan con sus acusaciones contra el productor de la serie 'Cuéntamé como pasó' y marido de Duato, Miguel Ángel Bernardeu, y la propia actriz, por presuntamente haber evadido impuestos mediante un despacho de abogados, Nummaria, dedicado supuestamente a construir y mantener una estructura jurídico-económica destinada a ese fin.
Anticorrupción reclama para Duato 32 años de cárcel
Por su parte, el abogado de Fernando Peña, propietario del despacho Nummaria, que se encuentra en el epicentro de la supuesta trama, ha pedido en esta primera sesión la nulidad de las actuaciones hechas en el proceso alegando que se ha dado una infracción del derecho a la defensa dado que lo incautado en los despachos de abogados pasó directamente a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) sin tener que pasar por el juzgado y ninguna de las partes pudo ver esa documentación.
"Se ha producido una violación del derecho a la defensa", ha indicado el abogado Antonio Camacho, que ha seguido diciendo que se ha violado la igualdad de armas en el proceso robando a las partes la documentación en las que se basa el informe sobre las cuotas defraudadas.
Camacho ha solicitado, además, la nulidad de todo el material incautado en el despacho por violación del derecho a la tutela judicial efectiva dado que se han dado irregularidades en la cadena de custodia.
"La conclusión yo creo que es demoledora. Miles de archivos fueron alterados, borrados o modificados mientras se impedía a las partes, a todas las partes acceder a esa documentación", ha comentado, haciendo referencia a un informe que aparece en la causa.
"Con estos mimbres nos introducimos en un juicio que tiene los pies de barro", ha criticado.
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