El juez pide imputar a Puigdemont por delitos de terrorismo por el 'caso Tsunami Democratic'

Más problemas para el Gobierno en su intención de aprobar la ley de amnistía y negociar con los independentistas catalanes: el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que impute por un delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democratic a Carles Puigdemont.

El ex presidente de la Generalitat catalana y eurodiputado estará también acompañado en esta acusación por la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras 10 personas.

En su exposición razonada, el magistrado ha señalado que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados Puigdemont y el diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg.

Puigdemont, ¿al frente de Tsunami Democratic?

El escrito del magistrado al Supremo recoge que Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democratic y puntualiza que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere “una posición de autoridad incuestionable”.

Según explica el juez, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios, indica, se encuentran los mensajes a través del móvil entre los investigados Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma de Tsunami.

A lo largo de escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ha repasado las acciones que se atribuyen a Tsunami Democratic en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, como la huelga general del 18 de octubre de 2019 o las acciones cometidas en los aeropuertos de El Prat y Gavà entre otras.

Ha destacado la “importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional" si hubieran triunfado.

De hecho, ha pedido investigar si el colapso en El Prat influyó en el fallecimiento de una persona y cree necesario también esclarecer quiénes fueron los lesionados en dicha acción y dirimirse si los resultados lesivos resultan igualmente imputables a los responsables de la organización investigados.

Los hechos encajan en delitos de terrorismo

En su exposición motivada el juez ha argumentado que en este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que, la gravedad de los hechos y su complejidad, permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea.

El magistrado ha analizado los actos violentos que se produjeron el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto del Prat y señala que se trató de una acción ilícita puesto que no consta que hubiera convocatoria legal alguna para realizar una manifestación o reunión.

Ha recordado que no resulta posible autorizar manifestaciones y concentraciones en una instalación crítica como es el Aeropuerto de Barcelona.

Ha añadido que los informes remitidos por los Mossos d'Esquadra han revelado el uso de artefactos, sustancias y armas en la acción de bloqueo del aeropuerto por parte de los manifestantes.

Este peligro, según García Castellón, pudo materializarse en el fallecimiento de un ciudadano de nacionalidad francesa.

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