El juez Llarena estudia modificar las euroórdenes contra Puigdemont y retirar el delito de sedición

El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, está estudiando modificar las euroórdenes de detención vigentes sobre el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante la entrada en vigor este jueves de la suspensión del delito de sedición en el Código Penal y retirar del escrito de imputación de ese delito, según han confirmado fuentes jurídicas a 'RTVE'.

Además, el Supremo va a iniciar de oficio el proceso para revisar la sentencia de los líderes del 'procés' condenados tras el referéndum ilegal del 1-O. Las principales condenas dictadas en 2019 fueron por el delito de sedición con malversación de fondos públicos. Es decir, el uso del dinero de la Generalitat para financiar el 1-O y el desafío soberanista. Ahora, tras la retirada del delito de sedición del Código Penal, su pena puede ser revisada.

Huidos en Bruselas, además de Puigdemont, se encuentran los ex consellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos procesados por sedición, malversación y desobediencia, excepcto Puig, a quien no se le atribuye la sedición.

Aunque fueran juzgados por el nuevo delito de desórdenes públicos y beneficiarse de unas penas menores, también podrían ser condenados por malversación, delito castigado con hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

La condena más alta recayó en Junqueras

De los 9 políticos ya juzgados e indultados por el 'procés', la condena más alta recayó en el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que fue sentenciado a 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación, mientras que otros líderes independentistas fueron condenados a penas de entre 12 y 9 años de prisión.

Si el Supremo finalmente modificara las penas a los políticos catalanes, los 9 dirigentes podrían regresar a la política antes de lo previsto, quedando anulada la inhabilitación que se les impuso.

De este modo, Oriol Junqueras, que con el anterior Código Penal no podía ejercer un cargo público hasta julio de 2031, estaría en condiciones de hacerlo entre 2024 y 2026. Lo mismo sucede con el resto de líderes independentistas.