La cofundadora de Vox Cristina Seguí, condenada a pagar 6.000 euros al ex ministro Ábalos por insultarle en Twitter

Un juzgado de Madrid ha condenado a Cristina Seguí, agitadora de ultraderecha y fundadora de Vox en Valencia, a indemnizar con 6.000 euros al ex ministro José Luis Ábalos por insultarle en Twitter.

Bueno, pues sí, el juzgado de 1a Instancia de Madrid me condena a pagar 6000€ a @abalosmeco por llamarle “barrilete” “engendro” mamador de la política” y decir que frecuenta prostitutas. Por supuesto recurrimos y presentaremos todas las pruebas que la juez no nos permitió.

— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) November 29, 2022

Seguí le acusó en sus tuits de desviar dinero con una ONG, de tener "amantes" o de ser alguien "moralmente tarado", y aunque ella ya ha recurrido la sentencia, el juzgado le exige que deben ser borrados por vulnerar el honor del político. Además de tener que indemnizar al ex ministro con 6.000 euros más las costas.

Curiosamente hace unas semanas otro juzgado condenó a otro agitador habitual de la ultraderecha en las redes sociales, Luis 'Alvise' Pérez, por publicar sin permiso imágenes también del ex ministro Ábalos en su casa.

En el caso de Seguí, la Justicia se ha fijado en los tuits que dedicó a José Luis Ábalos entre diciembre de 2020 y abril de 2021 en su cuenta, que entonces sumaba casi 180.000 seguidores.

Tuits en los que, por ejemplo, se refería al entonces ministro como "engendro, producto mediocre y moralmente tarado", hablaba de su "poca higiene", le acusaba de "desviar millones" a través de una ONG y afirmaba, entre otras cosas, que había tenido varias "amantes".

La Fiscalía entendió que estos mensajes no eran delictivos pero que sí podían ser perseguibles por la vía civil y ahora ha sido el juzgado de primera instancia 46 de Madrid el que ha concluido que, efectivamente, vulneraron el honor del ministro, que deben ser borrados y que la agitadora debe indemnizar a Ábalos con 6.000 euros además de pagar las costas del proceso. La sentencia todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid.

La magistrada Isabel Maroto rechaza uno de los principales argumentos de defensa de Seguí: que algunos tuits no iban dirigidos a Ábalos y que en otros hacía uso de un doble sentido, no insultando al político de manera literal.

Aunque la sentencia ha dicho que son "pueriles interpretaciones que en nada pueden ser acogidas". Y ha insistido en que existieron expresiones "de contenido íntimo y sexual" que "han afectado a su honor", muchas veces acompañadas con fotos y vídeos para identificarle. "Por todo ello no puede acogerse la libertad de expresión deba prevalecer en el presente caso", dice la sentencia.

Las expresiones que usó Seguí fueron "vejatorias" y "evidentemente lesionan su honor", dice la magistrada. Además, no fueron proferidas en medio de un debate acalorado, razonó, sino en internet, "de forma reflexiva y en la tranquilidad de su cuenta de Twitter donde encuentra respaldo de la mayor parte de los seguidores que se pronuncian al respecto".

Las actuaciones de un político, ha explicado la magistrada, están sujetas a crítica pero estos comentarios vejatorios sobre su vida personal o sexual pueden entenderse "como un medio de presión social y con finalidad distorsionadora de lo realmente acontecido". Son expresiones, dice, "realmente graves y descalificadoras que exceden del derecho a crítica", ha determinado Maroto.

Ábalos pedía 40.000 euros

Por su parte, Ábalos pedía 40.000 euros de indemnización y el juzgado decide dejarlo en 6.000 euros además de la condena en costas para Seguí.

Los tuits, queda reflejado en la sentencia, no tuvieron "una especial repercusión" aunque, además de los tuits 'me gusta' que cosechó, tuvo una difusión "considerable" con sus insultos, aunque la cantidad de la indemnización se modere "al no haberse acreditado que la demandada haya obtenido un beneficio o lucro económico con la difusión de los comentarios vertidos".

Además de pagar y borrar los tuits, la sentencia también obliga a Seguí a difundir en Twitter el fallo de esta sentencia condenatoria pero una vez sea firme.

Todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial y posteriormente lo será ante la sala de lo civil del Tribunal Supremo.

Se trata de la segunda condena dictada en las últimas semanas contra un agitador de ultraderecha por atacar al ex ministro de Transportes en la red social Twitter.