El Ministerio de Ciencia ha dado más margen a los centros privados y a los que imparten más del 80% de sus enseñanzas de forma virtual para que se adapten a la nueva ley de creación y reconocimiento de universidades que el Ejecutivo pretende aprobar en junio.
Según un nuevo borrador del decreto que este lunes analiza el Pleno del Consejo de Universidades que preside la ministra Diana Morant, los plazos para adaptarse a los nuevos requisitos académicos, financieros y de investigación que contempla la norma se han ampliado.
En este sentido, los nuevos centros tendrán que superar los 4.500 alumnos en un plazo de 6 años, en vez de 5, desde el inicio de la actividad.
También las universidades y centros que, en la fecha de entrada en vigor del decreto, cuenten con su correspondiente autorización dispondrán de hasta 3 años para adaptarse a las nuevas condiciones, mientras que aquellas universidades cuya actividad hubiera comenzado durante los 3 años anteriores a la entrada en vigor dispondrán de un plazo de 5 años.
En el caso de que aún no tengan autorización, dispondrán de hasta 5 años, en vez de los 3 propuestos inicialmente.
No obstante, el nuevo texto mantiene la exigencia de que los expedientes en proceso que aún no han recibido el informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) deban recibir una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la agencia de calidad autonómica para poder abrir el centro.
El nuevo borrador también acota el tiempo que tienen las agencias de calidad autonómicas y el Ministerio para poder emitir sus informes: en el caso de la primeras -que serían vinculantes- se establece un plazo máximo de 1 año y en el caso del Gobierno 6 meses.
Universidades 'online': 4 años para adaptarse
Las universidades que imparten más del 80% de su enseñanza 'online' y que están ya activas no estarán sujetas al control de las Cortes Generales para evaluar sus titulaciones oficiales o para recibir acreditaciones institucionales, seguirán dependiendo de las agencias de calidad de la comunidad en la que tienen su sede o en caso de no tener dependerán de la ANECA.
Serán los nuevos centros virtuales los que deberán recibir el visto bueno del Parlamento. Este tipo de universidades dispondrán de 4 años para adaptarse a los nuevos criterios.
Matices al presupuesto para investigación
En su disposición adicional décima, el Gobierno, además de incidir en que las universidades deberán publicar anualmente los principales resultados que reflejen el desarrollo de la actividad docente, investigadora y de transferencia, puntualiza que deberán dedicar al menos un 5 % de su presupuesto a ello, pero "entendido como el importe neto de la cifra de negocios en el caso de las universidades privadas y como el importe del total de los ingresos en el caso de las universidades públicas".
Añade que este incumplimiento conllevará que no puedan volver a presentar nueva solicitud hasta transcurridos 2 años.
También cambia el número mínimo de publicaciones promedio de los docentes, que será por cada profesor o profesora, y amplía a 7 años en vez de 5 los márgenes para acreditar proyectos de investigación.
El Ministerio también flexibiliza otros criterios como los de impulsar enseñanzas propias o puntualiza que en la memoria que se debe presentar se incorporen compromisos y no convenios para garantizar las prácticas del alumnado.
El plazo para presentar medidas correctoras es ahora de 3 meses frente al mes que se proponía en un primer momento.
La nueva ley también baja al detalle en cuanto a los metros cuadrados que deben tener los laboratorios de investigación y sobre cómo deben estar dotados los despachos del profesorado para facilitar las tutorías.
Morant avisa que las universidades tendrán "que ponerse las pilas"
Asimismo, Diana Morant ha advertido de que las universidades "tendrán que ponerse las pilas" para poder impartir una enseñanza de calidad y ha reiterado que "nadie tiene que sentirse amenazado" con la nueva ley.
Antes de presidir el Pleno del Consejo de Universidades, el órgano de coordinación académica y consulta por el que deben pasar las normas y propuestas del Gobierno, en el que participan las 91 universidades -públicas y privadas-, la ministra ha incidido en que el decreto de nuevas universidades "o va en contra de nadie, si hacen las cosas bien".
"Y aquel que no esté haciendo las cosas bien, ese tendrá que o ponerse las pilas o directamente no será una universidad en nuestro país", ha recalcado tras señalar que el Gobierno hará prevalecer el interés general para que los jóvenes tengan "una universidad que no sólo garantice la calidad, sino también el acceso en igualdad de oportunidades".
Ha explicado que el decreto que se ha presentado este lunes a las universidades, y del que ya han sido informadas las comunidades autónomas, trata de "poner coto a la aparición de universidades privadas que no cumplen con la calidad suficiente" y ha reiterado que hay que "revertir una década de recortes y de decadencia que sufren las universidades públicas y que ha hecho que se abra la puerta a la aparición de privadas".
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