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Carles Puigdemont
Carles Puigdemont (Foto: Generalitat de Cataluña)

Los independentistas envían a los ayuntamientos un informe jurídico para persuadirles de la legalidad del referéndum

domingo 10 de septiembre de 2017, 18:14h
La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) ha enviado un informe jurídico a los 787 municipios adheridos para convencerles de que no incurrirían en ningún delito si colaboran con el referéndum de autodeterminación del 1-O.

El papel de los municipios en la consulta secesionista será clave. Si bien 674 ayuntamientos catalanes, del total 948, han manifestado ya su apoyo expreso al referéndum del 1-O, el mayor porcentaje de población reside en los 124 consistorios en los que no se ha respaldado la consulta o no se han pronunciado. Estos últimos 150 son el claro objetivo de los independentistas que tratan de disipar las dudas legales que rodean a la consulta.

Uno de los municipios clave es el de la ciudad condal donde la regidora Ada Colau negó la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona en el referéndum del 1-O hasta que la Generalitat diera garantías a los funcionarios municipales.

En este sentido la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) ha enviado este domingo a los Alcaldes de los 787 municipios adheridos un informe jurídico sobre la Ley del referéndum de autodeterminación y de las posibles consecuencias que se deriven de su ejecución.

El informe ha sido elaborado por la Sectorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros por la Independencia (SITxCAT) por encargo de la AMI y no observa ninguna posible comisión de un delito por parte de las autoridades locales para posibilitar la celebración del referéndum. El documento también destaca que no es a los funcionarios a los que les corresponde decidir a cuál de los ordenamientos jurídicos vigentes obedecen.

Los secretarios y tesoreros municipales autores del informe admiten que se trata de una cuestión compleja que parte de una “situación extraordinaria” generada a partir de la aprobación de la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación y de las actuaciones que sobre ésta han puesto en marcha los organismos del Estado. El informe defiende la vigencia de la ley 19/2017 partiendo del derecho internacional y de la Unión Europea, obviando así la suspensión de la norma ordenada por el Tribunal Constitucional y el apercibimiento expreso que hizo a los regidores.

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