La directora general de Inspección de Trabajo, Carmen Collado, ha reivindicado el impacto de la reforma laboral en sus primeros ocho meses de vigencia. Tras recordar que según los datos del INE, en agosto el número de contratos indefinidos representó el 39% de las nuevas incorporaciones, ha asegurado que la norma ha logrado "transformar 197.000 contratos temporales fraudulentos en indefinidos".
"La reforma laboral ha supuesto un estímulo para la contratación indefinida. En el mes de agosto, el número de contratos de este tipo superó el 39 % de las nuevas incorporaciones registradas en la Seguridad Social, un dato que cuadriplica las cifras previas a la modificación de la ley. "Unos datos espectaculares que reflejan la transformación de 197.000 contratos temporales fraudulentos en indefinidos", ha afirmado la directora general del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS), Carmen Collado.
En declaraciones ante los medios desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Collado ha remarcado que "las cifras registradas son un indicio relevante de la deriva del fraude de la contratación temporal en nuestro país".
Inspección de Trabajo vigila los contratos fijos discontinuos
Tras destacar el comportamiento de las contrataciones en agosto, ha señalado que la Inspección de Trabajo se afana en combatir la mala praxis con los contratos fijos discontinuos. "Por primera vez, se ha definido una actuación concreta para vigilar esta figura y se ha convertido 26.2000 contratos de este tipo en indefinidos", ha asegurado.
"Por norma general, el empresariado español es cumplidor con la legalidad, si bien es cierto que existen sectores, como la hostelería, que están a la cabeza de situaciones irregulares", ha manifestado la directora de Inspección de Trabajo.
La reforma laboral fue acordada por el Gobierno con los sindicatos y la patronal en diciembre del año pasado, y en el mes de febrero recibió el visto bueno del Congreso, en una polémica votación que se decantó por el error de un diputado del PP. La norma aborda los principales problemas del mercado de trabajo español, singularmente la temporalidad, con la simplificación de los contratos retomando la causalidad, incrementando las sanciones a su uso irregular y fomentando la estabilidad en el empleo.
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