El Gobierno va a llevar las leyes contrarias a la Ley de Memoria Democrática impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana ante el relator especial de la ONU, y a otras instancias internacionales, como el Consejo y el Parlamento europeo, según han avanzado fuentes de Moncloa.
La iniciativa del Ejecutivo de denunciar las leyes autonómicas a las instancias internacionales se suma a la decisión de recurrir esas leyes autonómicas al Constitucional anunciada el pasado lunes por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró que antes tratarán de convocar una reunión con esos Ejecutivos para llegar a un acuerdo.
ONU y Europa
Las medidas adoptadas por las comunidades autónomas se trasladarán al Relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que "evalúen" su conformidad "con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales" adquiridos por España en materia de Derechos Humanos.
Además, según han avanzado, ante el Parlamento Europeo, por parte del grupo de Socialistas y Democrátas (S&D) se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno de la Eurocámara su debate y votación.
Ante el Consejo de la Unión Europea, se va a invocar la "posible violación" de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos con varias actuaciones.
En primer lugar, con un "debate urgente" en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de la ley en Aragón y las leyes de "concordia" presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.
También va a contactar con la Secretaría General del Consejo de Europa y el Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento de la "gravedad de la situación", según han detallado las fuentes de Moncloa.
En tercer lugar, solicitarán un informe sobre la "situación de la memoria democrática" en España ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.
Sánchez y Ángel Víctor Torres visitan las criptas y el laboratorio forense
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado precisamente este jueves el laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros y lo ha compartido en un mensaje con un vídeo en redes sociales en el que asegura que "sin memoria no hay democracia", afirma que la ley "se va a cumplir" y pide "justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura".
El laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros realiza las tareas para la exhumación de 160 víctimas que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional y cuya resignificación como futuro centro de interpretación memorialista plantea el Gobierno.
Tras recorrer la nave central de la basílica, según ha informado Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos.
En el laboratorio, el equipo forense ha explicado a Sánchez el trabajo que desempeñan, que consiste principalmente en la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, y la redacción de informes y toma de fotografías y vídeos del proceso.
Aragón, primera comunidad que deroga una ley autonómica de memoria
La comunidad autónoma de Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los 3 grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y Partido Aragonés (PAR).
A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los "términos guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.
En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.
Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.
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En contra (.jpg "Sánchez se da un baño de masas junto a Illa en su reaparición pública en Barcelona")
.jpg "El PP ficha a Fernando Savater y a 3 ex de Ciudadanos para sus listas europeas")
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