El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa penal contra Pedro Sánchez y 6 ministros por las más de 200 muertes que dejó la dana, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en octubre del año pasado.
Los jueces desestiman varias denuncias y querellas, algunas presentadas por partidos políticos como Vox, y recuerdan que un juzgado de Catarroja ya está investigando a altos cargos de la Generalitat por la vía penal.
En concreto, la Sala Segunda de lo Penal ha archivado las denuncias formuladas contra Sánchez, la ex vicepresidenta, Teresa Ribera; y los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; de Defensa, Margarita Robles; de Presidencia, Félix Bolaños; y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Asimismo, sostiene que "la toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados".
En la resolución, también señala que el juzgado de Catarroja que está llevando a cabo las diligencias sobre la dana ya realiza una amplia instrucción sobre lo ocurrido y que la posición de su titular, la jueza Nuria Ruiz Tobarra, "determina un conocimiento privilegiado de los hechos con mayor profundidad que la mera noticia externa de denunciantes y querellantes".
Por ejemplo, ella tiene más información sobre cómo afrontaron la situación los diversos responsables de emergencias, las fuentes de las que dispusieron, si estas eran disponibles en abierto o sólo a demanda, la diversa causa y momento de cada fallecimiento o lesión, así como la concreta posibilidad de ayuda en cada momento y lugar.
Además, señalan que en ninguna de las denuncias y querellas examinadas se alega "la inescindibilidad de la investigación y enjuiciamiento de alguna de las personas querelladas no aforadas con cualquiera de los aforados".
¿Quienes son los querellantes?
Las querellas y denuncias fueron presentadas por algunas de las organizaciones vinculadas a la extrema derecha que habitualmente ejercen la acusación popular en causas relacionadas con el Gobierno, o que interponen querellas de forma habitual contra miembros del ejecutivo. Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y HazteOir, entre otros.
Querellas que acusaban al ejecutivo de delitos de prevaricación, omisión del deber de socorro o también homicidio imprudente.
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