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El Supremo confirma la 'doctrina Alberto Rodríguez' al aplicarla a un alcalde malagueño

El Supremo confirma la 'doctrina Alberto Rodríguez' al aplicarla a un alcalde malagueño
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(Foto: Podemos Canarias)
Por Eva Cifuentes (Diariocrítico.com)
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ecifuentesdiariocriticocom/10/10/24
sábado 15 de octubre de 2022, 12:07h

El Tribunal Supremo ha aplicado la 'doctrina Alberto Rodríguez' al alcalde malagueño de Benamocarra, Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, ratificando así su validez.

El Alto Tribunal ha dado la razón al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que falló que dictaminó que el regidor malagueño debería haber dejado su cargo en 2014 tras ser condenado. La condena a Abdesam Jesús fue por delitos contra la Administración Pública como injurias, calumnias y desobediencia. La sentencia decretó una multa de 10.000 euros, 6 meses de prisión y una asesoría de inhabilitación.

Ha desestimado el recurso de casación que impuso el alcalde después de pasar por el Juzgado de lo Penal, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior andaluz.

"Aún no concurriendo la tacha cuando el representante concurrió a las elecciones como candidato, si la causa surge una vez electo y mientras ostente la condición de alcalde o de concejal, esa inelegibilidad se transforma en causa de incompatibilidad, que se mantiene durante su mandato representativo", reza la sentencia.

Se confirma la interpretación de Batet para retirar el escaño a Alberto Rodríguez

Los magistrados han señalado que lo "relevante" no es cuándo se cometiesen los hechos delictivos, sino la fecha de la sentencia condenatoria, que en este caso ha sido posterior al año 2011, fecha en la que se modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) y las incompatibilidades pertinentes de los cargos públicos.

Se confirma así la interpretación que hizo la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con el caso de Alberto Rodríguez. El ya ex diputado de Unidas Podemos fue condenado por delitos contra la Administración Pública por unos hechos ocurridos en 2014, cuando no ostentaba el cargo de diputado, pero tras la condena del Supremo en 2021 el Congreso consideró incompatible la condena con su cargo público y aprobó la retirada de su acta tras semanas de polémicas.

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