La Mesa del Congreso ha dado luz verde este martes a la tramitación de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía que registró el PSOE tras pactar el texto con los independentistas de ERC y Junts, una calificación que ha salido adelante con los votos a favor de los diputados del PSOE y de Sumar y el absoluto rechazo del PP.
La decisión del órgano de gobierno de la Cámara llega después del informe jurídico preparado por los letrados de la Cámara en el que señalaba que el texto del PSOE no presenta una "contradicción palmaria" con la Constitución que motivara su veto, aunque admitía dudas de inconstitucionalidad que en su momento podrá resolver el Tribunal Constitucional, pero que no corresponden dilucidar a la Mesa.
Cabe recordar que la proposición de ley pactada entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC propone eliminar la "responsabilidad penal, administrativa o contable" a los encausados por el 'procés', desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, lo que abarca las consultas independentistas de 2014 y 2017.
Además de calificarse la proposición de ley, la Mesa ha ratificado la tramitación por la vía de urgencia que había sido solicitada tanto por el PSOE como por sus socios de investidura, que juntos representan la mayoría absoluta del Congreso. Ello supone que todos los plazos parlamentarios se reducirán a la mitad, acelerando la presentación de enmiendas de totalidad y parciales y adelantando su debate en el Pleno.
El plan del PSOE es aprobar la ley en el Congreso en diciembre para su remisión al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y pretende ralentizar la tramitación hasta el máximo de 2 meses que fija la Constitución.
Se espera que esté aprobada en el Congreso en enero
De momento, este jueves se reunirá la Junta de Portavoces para ordenar un pleno que tendrá lugar la próxima semana, el 28 de noviembre, aunque en principio el único punto del día sería la aprobación de la reforma del artículo 46 del reglamento del Congreso que debe adaptar los nombres de las comisiones parlamentarias a los de los nuevos ministerios.
Parece bastante improbable que la proposición de ley de la amnistía pueda tomarse en consideración ese día, teniendo en cuenta que también hay otro pleno posible, el del 5 de diciembre, un día antes de la conmemoración del Día de la Constitución.
La Junta de Portavoces volverá a reunirse la próxima semana para ordenar los puntos a tratar ese día y podría incluir el de la toma en consideración de la proposición de ley de la amnistía. No obstante, todo parece indicar que esta ley estará dentro del calendario ordinario de plenos que ha aprobado la Mesa del Congreso y que comenzarán el 12 de diciembre.
Y es que el trámite parlamentario de la ley de amnistía exige que tenga que pasar por comisión para debatir sus enmiendas y para ello es necesario que el pleno apruebe primero la reforma del reglamento vinculada a los nombres de las comisiones y luego éstas se constituyan. Además, antes se da un plazo para que los grupos parlamentarios propongan a los diputados que las compondrán.
Esta burocracia parlamentaria hace que el debate de la proposición de ley que amnistiará a los encausados por el procès se alargue hasta mediados de diciembre y pueda ser aprobada definitivamente en el Congreso tras las navidades, en el mes de enero.
Rechazada la recusación del PP al letrado mayor
En otro orden de cosas, la Mesa ha analizado la recusación que registró este lunes el grupo parlamentario del PP para que el letrado mayor, Fernando Galindo, se abstuviera de firmar el informe jurídico de esta proposición de ley al haber formado parte del Ministerio de Política Territorial recientemente y por una posible vulneración de los "principios legales de imparcialidad y objetividad" que recoge la ley del régimen jurídico del sector público.
Fuentes de la Mesa han señalado que no había lugar para una recusación de tanto relieve "por motivos no ciertos" y la presidenta, Francina Armengol, ha explicado a los diputados del PP que no les correspondía presentar algo así.
Tras conocer la decisión, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha señalado que su grupo formulará un "escrito de reconsideración en la decisión de no admitir la recusación".
Vox, por su parte, ha anunciado que presentará una querella por la presunta comisión de un delito de prevaricación contra los letrados del Congreso y contra los miembros de la Mesa de la Cámara Baja que voten a favor de tramitar la ley.
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