Vox solicita la suspensión del 'Ospa Eguna' para evitar "un delito de odio"

Vox ha remitido un escrito a la Delegación del Gobierno en Pamplona en el que solicita la suspensión del acto conocido como 'Ospa Eguna' (Día del Adiós), que se celebrará el 3 de septiembre en Alsasua (Navarra). "El objetivo de este acto es mostrar rechazo a la Policía, a la Guardia Civil, a su presencia, y por lo tanto al cumplimiento encomendado por las normas del Estado: velar por la ley", critican desde la formación de Santiago Abascal.

La vicesecretaria jurídica nacional de Vox, Marta Castro, ha advertido de que "además de rechazar la presencia de la Guardia civil y Policía, difunde la idea de que sus integrantes no son dignos de respeto y autoridad, y de forma absolutamente falsa propaga que son los causantes de una “represión a los trabajadores” para crear en el imaginario de sus seguidores la maldad de los integrantes de estos cuerpos y conseguir con ello difundir el rechazo de los mismos".

En su escrito, Vox asegura que "la finalidad de este acto es constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de acuerdo con el artículo 578 del Código Penal (CP), y de un delito de odio, artículo 510 del C.P."

"El acto debe ser suspendido por la Subdelegación del Gobierno de acuerdo con la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece que el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas; las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición, y prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas. Además, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores", reza el escrito.

Esta petición no es nueva, y cuenta con el respaldo de la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), pero la Audiencia Nacional ya se pronunció al respecto en 2019, y rechazó la suspensión del acto, alegando que no cabe su prohibición preventiva ya que "no existe constancia de que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno".