La privatización del Canal tardará dos años

González admitió reunirse con parte del Comité de Empresa después de que el tema 'estrella' no fuese incluido en el orden del día del Consejo de Administración. En ese encuentro celebrado por la tarde recalcó que la ley que permitirá la salida a Bolsa tardará un mínimo de un año y medio.

Según informaron fuentes de la empresa a Madridiario, González aseguró que la capitalización no conllevaría ningún despido y que "dentro de sus límites" el Canal seguirá siendo mayoritariamente público (la Comunidad se reservaría un 51%). Ahora bien, no garantizó que, una vez abierta la puerta a la privatización, esta pudiera convertirse en total si un gestor posterior así lo decidiese. Ante esta declaración, los trabajadores le declararon su "desconfianza" en la actual dirección de la empresa.

No hacen falta inversiones millonarias
El Comité de Empresa rechazó de plano la invitación de "no hacer política" con la futura medida. Acusó a González de dilapidar los recursos del Canal para hacer propaganda en la inauguración de los Teatros y después privatizarlo para obtener recursos.

Según las mismas fuentes, varios consejeros reprocharon al presidente de la compañía que los embalses prometidos por el PP no son la "prioridad" de la empresa, que defendieron es, con mucho, de las más rentables y solventes de la Comunidad. Puntualizaron que la directiva marco del agua con la que se justifica la privatización -de obligatoria aplicación en 2010- incide en la depuración, la reutilización e incluso aventura un posible aumento de tarifas. Eso, justificaron, no significa que haya que acometer inversiones multimillonarias o construir dos embalses, cuyos estudios iniciales por valor de 300.000 y 400.000 euros aprobó el Consejo por la mañana.

Vallas y empujones en la puerta
El Consejo de Administración del Canal había celebrado horas antes la reunión aplazada desde el pasado día 23, y que se iba a tener lugar una semana después de que Esperanza Aguirre anunciase la posible salida a Bolsa.

Con las instalaciones de Santa Engracia 25 convertidas en un "bunker" (vallas para impedir el paso, refuerzo de la seguridad, policía y listas de los asistentes permitidos incluidas), los consejeros tuvieron que entrar "por la puerta de atrás". En la principal, el personal de vigilancia se esforzaba por contener la protesta de los trabajadores, impidiendo el paso a los medios, a los empleados cuyas funciones no se desarrollasen en el edificio principal e incluso, inicialmente, a algún consejero.

Ya en la sala de plenos, Ignacio González no pudo obviar la futura capitalización de la empresa y sus repercusiones. Además de la posición contestataria de los trabajadores, el presidente se encontró con Ana Botella y Juan Bravo en pie de guerra.

Los miembros del Consejo por el Ayuntamiento repitieron que denunciarán sí o sí el convenio de gestión que tienen con el Canal, al que invitaron a participar en el concurso público que se convocará para hacerse con el servicio. Podría darse la circunstancia que, siendo Madrid donde el Canal de Isabel II vio la luz hace 150 años, la gestión del agua quede en manos de una empresa de fuera.