Los dos tienen razón

El litigio político en el que se han inmiscuido la Cámara de Diputados y el Instituto Federal Electoral, está mostrando uno de los vicios del sistema electoral mexicano.

Primero, se tiene la demanda de la renovación de los consejeros electorales, a partir del descontento que originó el proceso electoral anterior, en el cual han coincidido el Partido de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, y aunque los argumentos políticos para la remoción de Luis Carlos Ugalde y sus colegas son distintos, el fin es el mismo.

Por un lado, el PRD ha manifestado en reiteradas ocasiones que el IFE fue demasiado parcial durante las campañas del 2006. Sacan en su defensa, que el Consejo General no impidió la guerra sucia que tuvo en su contra Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo. Mientras que en el PRI, han asumido que el desprestigio y la pérdida de credibilidad que tiene el órgano electoral es suficiente para pedir la renovación de los consejeros.

Por su parte, el IFE interpuso una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados, alegando que el Poder Legislativo – así como el Ejecutivo –  invadieron las facultades que la ley le otorga, ya que en el Presupuesto de Egresos del 2007 se determinó que el órgano electoral tendría un recorte en su presupuesto, que únicamente  tendría repercusiones en el gasto operativo del Instituto, y no así en las prerrogativas que reciben los partidos políticos, ya que por ley, quedaron intactas.

En lo particular coincido en que ambas figuras tienen razón en sus demandas.

Durante el proceso electoral anterior, el IFE no cumplió con una de sus máximas obligaciones, la transparencia. Retomo un pequeño caso, la noche del dos de julio, Ugalde decidió tratar a los ciudadanos como menores de edad, quienes no debían conocer los resultados de las encuestas en las que Felipe Calderón estaba arriba de López Obrador. Esa incertidumbre, que el mismo órgano electoral provocó, llevó a un proceso postelectoral que daño demasiado a la sociedad mexicana. El IFE en lugar de mediar entre los partidos y la sociedad, fue una pieza que ayudó a la polarización.

En el caso de la controversia constitucional, el órgano electoral debe de ser libre para determinar en lo que a su funcionamiento interno necesita. La Cámara de Diputados solamente debe indicar que contará con determinado presupuesto, sin llegar a más. Los años le han dado al Instituto el conocimiento para determinar en que rubros debe ejercer su presupuesto. Claro está, que en esta autonomía, deberá saber que siempre estará bajo la máxima de que la ciudadanía tenga la completa libertad para verificar lo que está haciendo el organismo con las finanzas de la nación.

Esta pugna, que tendrá que acabar con reformas legales o hasta las próximas elecciones federales, sí llegara a cambiar la representatividad de los partidos, tiene como principal demanda el que los consejeros electorales abandonen el cargo, y esto no sólo por el trabajo que realizaron en el proceso electoral. Desde que fueron elegidos en noviembre del 2003, varios consejeros fueron puestos en tela de juicio debido a las relaciones directas que tuvieron con los partidos políticos.

Sin embargo, como fue comentado al inicio, el sistema electoral mexicano está viciado ya que se determina a partir de lo que quieren los partidos. Lo mejor sería, que no fuera la Cámara de Diputados quienes decidan a los consejeros electorales. Bien puede ser un proceso abierto, en donde sean elegidos a partir de un concurso, tal como opera en el caso de los Consejos Distritales en el Distrito Federal, en donde luego de varias etapas se decide a los integrantes.

Conociendo que será muy difícil que la Cámara de Diputados permita una reforma de esta índole, lo que se prevé, es que si en el 2003 la unión PRI-PAN determinó a los consejeros electorales, en el caso de que se llegue a renovar el Consejo General en esta Legislatura, una alianza entre el PRI y el PRD les permitirá tener más ventajas en el reparto de sus integrantes.