La Comunidad pide que no se fije impuesto mínimo común de sucesiones

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, explicó que la equiparación del impuesto de sucesiones, tasa que el Gobierno cede (es decir, que tiene capacidad para modificar) a las comunidades autónomas, supondría una mayor presión fiscal en regiones como la madrileña, en la que dicha figura impositiva está prácticamente eliminada, al tener una bonificación del 99 por ciento (el uno por ciento restante se reserva a medidas de control tributario).

Beteta explicó que en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 8 de octubre, preguntó al vicepresidente primero, Pedro Solbes, si era cierto que el Ministerio de Economía y Hacienda tenía previsto restablecer el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a través de ese mínimo común denominador en toda España, a lo que Pedro Solbes le contestó que era una propuesta incluida en el programa electoral del PSOE.

A juicio del consejero, el Ejecutivo socialista debería renunciar a tal proyecto porque significaría una involución en las competencias autonómicas y supondría un grave perjuicio para la dinamización de economías como la madrileña, al afectar a la inversión empresarial y también al consumo. Beteta considera que resucitar dicho impuesto significaría cargar con más tasas a los contribuyentes, con lo que, en todo caso, se agravaría una situación de crisis económica. Según los cálculos de la Consejería, la supresión del impuesto suponía a los madrileños el ahorro anual de unos 1.400 millones de euros.

Sin uniformidad territorial
Además, el responsable de la Hacienda regional considera que la reforma no conseguirá la uniformidad territorial que dice pretender el vicepresidente Solbes, puesto que probablemente no afectará a las Comunidades Forales donde el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no tiene el carácter de tributo cedido sino el de tributo propio concertado de normativa autonómica.

En el caso de que se reimplantara el Impuesto el presupuesto autonómico deberá atenerse a la medida acordada en el CPFF que pasa por la posibilidad de que las cuentas tengan un déficit del 0,75 del PIB y del 0,25 por ciento en las inversiones productivas. Los datos del Ejecutivo indican que, tras la modificación, los derechos reconocidos de este tributo han crecido desde los 392 millones de euros del año 2003, año en que regía la normativa anterior, a los 613 millones de euros de 2007, ejercicio en el que finalizaba la implantación definitiva de la reforma.

Medida ineficaz
El presidente de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, Arturo Fernández ha respaldado la denuncia de Beteta. Calificó de “negativa e ineficaz” ante la crisis esta medida. En este sentido, el presidente de los empresarios de Madrid advirtió que esta decisión afectaría de lleno a la actual bonificación, por lo que debería ser “descartada de forma inmediata”. “En época de crisis, como la que estamos viviendo, es absolutamente imprescindible adoptar medidas que dinamicen la economía, que inyecten liquidez al sistema productivo, den confianza, generen expectativas positivas y, por tanto, supongan un impulso del consumo y de la inversión empresarial”, argumentó el presidente de CEIM.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano ha señalado que “resulta increíble que el Estado vaya a recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuando los efectos de su eliminación han sido muy positivos. Es más, los empresarios hemos pedido reiteradamente la supresión el Impuesto de Patrimonio, que castiga el ahorro familiar y que, además, está obsoleto en la Unión Europea. Esta tasa sólo se mantiene  en Francia y se aplica un tipo muy inferior al español sobre las rentas del patrimonio”.

Respeto de dos años, al menos
Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda aseguraron a Madridiario que sí es cierto que la equiparación se contempla en el programa del Partido Socialista, pero que no está contemplada ni en este ejercicio ni en el siguiente. Además, aseguraron dichas fuentes que se respetará el porcentaje fijado por las Comunidades Autónomas de esta tasa.