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Su Ayuntamiento exige 350 euros por algo que "está obligado a proporcionar"

Gallardón quiere cobrar por informaciones que son públicas

viernes 16 de febrero de 2007, 10:19h
La Plataforma 'M-30 No+Coches' ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid le ha exigido el pago previo de 350 euros para facilitarle información sobre la ubicación y características de los sistemas de ventilación en el soterramiento de la M-30 en los tramos del río Manzanares.

La Plataforma M-30 No+Coches ha denunciado que el Ayuntamiento de Madrid le ha exigido el pago previo de 350 euros para facilitarle información sobre la ubicación y características de los sistemas de ventilación en el soterramiento de la M-30 en los tramos del río Manzanares. Según asegura, tras varios meses, el Ayuntamiento 'accede' a facilitar la información con esta condición, algo que para la Plataforma vulnera la legislación que regula el derecho de acceso los ciudadanos a la información de los proyectos que afectan al medio ambiente. “En otro más grave incumplimiento de esta legislación, tampoco ha facilitado los datos de contaminación registrados por las estaciones de medición instaladas en la zona”, añade.

Los ecologistas apuntan que “aunque el Ayuntamiento tiene la obligación legal de facilitar esta información en el plazo máximo de un mes, ha dado la callada por respuesta desde principios del pasado mes de diciembre y ahora, cuando los sistemas de ventilación ya están instalados, exige el pago previo de 343'95 euros en concepto de 'copias y cartografía”. “La información solicitada cabe en un CD cuyo coste unitario no superaría los 50 céntimos de euro”, subraya.

Pedir casi esta cantidad por una información pública que el Ayuntamiento está obligado a proporcionar a los vecinos constituye, a juicio de la Plataforma, “una práctica política disuasoria y obstruccionista del derecho a la información, además de una solemne tomadura de pelo”. La Plataforma M-30 también considera que esta medida atenta contra la legislación española y europea que regula el derecho de acceso los ciudadanos a la información de los proyectos que afectan al medio ambiente. Asimismo, indica que peor aún resulta el hecho de que el Ayuntamiento no haya facilitado los datos de contaminación en la zona, a pesar de que ha pasado más de dos veces el plazo máximo que la ley contempla para ello. En un informe filtrado a la Plataforma M-30, correspondiente al mes de septiembre de 2006, “quedaba patente que los niveles de contaminación que sufrían los vecinos de las obras eran demoledores: hasta diez veces por encima de los niveles admisibles para las partículas en suspensión (PM10)”.

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