Medio centenar de miembros de la grupación socialista de Móstoles han recurrido la disolución de la agrupación local, ordenada por Tomás Gómez el pasado mes de septiembre. Estos afiliados, entre los que se encuentran varios concejales y vocales de los vecinos, reclaman a la Comisión Federal de Ética y Garantías que se reabra el grupo y se permita elegir "democrácticamente" a los militantes la nueva dirección.
Tomás Gómez ordenó
cerrar la agrupación alegando que el PSOE de Móstoles estaba "enfermo" tras los últimos resultados electorales. Para los afectados en cambio, la medida obedeció a un intento de "silenciar" a los socialistas que exigieron a Tomás Gómez una mayor defensa de los servicios públicos en el
último Congreso Regional. Es más, según los afectados, se intentó justificar esta medida "alegando que en 1999 dos concejales se habían pasado al grupo mixto".
Entre ellos se encontraba el diputado regional Javier Gómez, cuya candidatura tenía votos suficientes para desbancar de la portavocía del grupo en la localidad a Paz Martín, a quien la dirección regional envió a Móstoles tras la salida del simanquista Iván García Yustos y que apenas cuenta con apoyos entre la militancia.
Expulsión del partido
El concejal mostoleño Luis García Ojeda explicó este martes a
Madridiario que el recurso se fundamenta en la falta de justificación de la decisión, en la vulneración de su derecho a defender de las acusaciones y a que ni si quiera se ha iniciado un proceso sancionador que avale la disolución. "Es más, respetaremos incluso que se impongan sanciones si es que alguien ha cometido algún error", asegura.
"Nosotros queremos trabajar para que el PSOE se fortalezca y gane las elecciones, pero ahora parece que no puede haber discrepancias", afirma.
Tras enviar un
escrito de amparo a la secretaria de Organización, Leire Pajín, los miembros de la agrupación esperan una respuesta rápida de la Comisión de Ética y Garantías para poder continuar las elecciones planteadas antes del inicio del proceso. Si la decisión fuese negativa, supondría la expulsión del partido de los miembros de la agrupación y "una medida extrema y exagerada que irá en detrimento de los votantes del PSOE en Móstoles y sólo beneficiará al Partido Popular".
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