Los sindicatos están encantados con la propuesta de Rafael Simancas de convertir en ley el derecho a una vivienda digna que consagra la Constitución, es decir, construir viviendas a precio de saldo para aquellas personas con rentas inferiores a 28.000 euros anuales, que son muchas, muchísimas en nuestra Comunidad, quizá bastantes más de las que ha estimado Simancas para darles casa. Los sindicatos, UGT y CC.OO. se han apuntado rápido a la idea, y es que ven que en esta propuesta pueden pillar cacho. Según el aspirante socialista al gobierno de la Comunidad, en los próximos cuatro años construiría 109.000 viviendas públicas en venta, otras 40.000 en régimen de alquiler y rehabilitaría 198.000 más. Los sindicatos quieren participar en esta enorme tarta de ladrillo y hormigón. Simancas dijo el jueves pasado en el pleno de la Asamblea, que al PP le había dolido esta propuesta porque ponía fin a la especulación. Ahora Simancas se convierte en promotor y los sindicatos en constructores, que esta es la idea la intención, el objetivo.
Lo que pasa es que en este negocio hay una experiencia sindical y no del todo buena. Hay que reconocer que en el caso de CC.OO. cuando ha intervenido en cooperativas de viviendas bajo su patrocinio, el resultado ha sido bueno y no se conocen casos de escándalo. No se puede decir lo mismo de UGT, porque el asunto de PSV fue el mayor escándalo inmobiliario de la historia, un fraude a miles de familias que al final se tuvo que saldar con dinero público y que llevó a la cárcel a algunos de los responsables.
Cuidadito a la hora de repetir experiencias, porque los antecedentes aconsejan cautela, evitar otra PSV. Los sindicatos metidos a promotores y constructores acuden al pastel prometido por Simancas. No vayamos a salir de la especulación privada y nos metamos en la otra, y es que al panal de rico ladrillo y cemento más de 100.000 moscas suelen acudir.
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