El convenio de los 200 millones de Fondos de Cohesión, en semanas

Con estos argumentos, PRC y PSOE rechazaron una proposición no de ley defendida por el PP en la que se pedía al Gobierno regional firmar antes de seis meses un convenio con el Estado para que transfiera a la Tesorería de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de dos años los 200 millones de euros comprometidos para la Autovía del Agua y otras obras medioambientales.

La diputada 'popular' Cristina Mazas explicó que se trata del "último intento" para que los cántabros no tengan que pagar la Autovía del Agua. Y es que, a su juicio, el compromiso de los 200 millones realizado por la vicepresidenta española, María Teresa Fernández de la Vega, fue "un engaño a los cántabros" y el Gobierno regional ha "continuado con esa ópera bufa hasta hace bien poco".

En su opinión, desde ese anuncio "cada dirigente regional se ha dedicado a decir una cosa y lo contrario" y lo único que ha "quedado claro" es que el Gobierno español "no supo negociar los fondos europeos para Cantabria" para el periodo 2007-2013, que se faltó a la verdad al comprometer la transferencia de los 200 millones para compensar a la región, que serán los cántabros los que deberán sufragar esas compensaciones y que la región ha sufrido un "agravio comparativo" en el reparto de los Fondos de Cohesión.

Sin embargo, la socialista Purificación Sáez, tras recordar que Cantabria salió del Objetivo 1 bajo los gobiernos del PP, que "nunca supieron valorar ni defender el derecho" a los fondos europeos, resaltó que la región no va a recibir ese dinero "en euros, sino en obras" y añadió que se va a negociar con el Ministerio el listado de obras que se sufragarán con los 200 millones de euros, 50 de los cuales ya están comprometidos para el colector Noja-Arnuero, del saneamiento de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Regionalista, Rafael de la Sierra, indicó que los 200 millones están "garantizados", añadió que el convenio se firmará en "unos meses o probablemente unas semanas" y subrayó además que el convenio será "público". Igualmente, cuestionó la gestión de los fondos europeos realizada durante los gobiernos del PP y recriminó a la oposición por presentar una iniciativa que "no se puede aprobar" para seguir así con su "mensaje tremendista y depresivo".

'Suelo industrial'

Los grupos que apoyan al Gobierno también rechazaron una moción del PP que pretendía instar al Gobierno a agilizar la ejecución del área integral estratégica Piélagos-Villaescusa. La diputada 'popular' María Antonia Cortabitarte consideró "totalmente irrealizable y materialmente imposible" comenzar las obras en el año 2009 --como ha anunciado el Gobierno cántabro--, porque todavía no está aprobado el proyecto singular de interés regional (PSIR).

Por ello, para agilizarlo, propuso actuar sólo sobre los terrenos públicos aportados por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) que, según dijo, representan el 70 por ciento de los 2,1 millones de metros cuadrados de suelo programado en esta zona. Así, instó al Gobierno a dejar de "invadir propiedades particulares innecesariamente" y ejecutar el suelo público que "tiene en su mano".

"Déjense de propaganda y falsas promesas en suelo industrial y pónganse a trabajar de verdad", apostilló la diputada, quien criticó que este Gobierno en materia de suelo industrial, sólo se ha "dedicado a paralizar y retrasar los proyectos en marcha". A su juicio, el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, debería de ponerse "colorado" cuando dice que hay 430 empresarios esperando suelo, mientras el Gobierno es "incapaz de darles una respuesta".

Frente a ello, tanto PSOE como PRC defendieron la política industrial del actual Gobierno y cuestionaron en cambio la realizada por el Partido Popular. Así, el diputado del PRC Rafael Pérez Tezanos hizo hincapié en que la falta de suelo industrial en Cantabria "viene de muy atrás" y aseguró que este Gobierno está realizando "el mayor esfuerzo y el mayor desarrollo de la historia de Cantabria" en esta materia.

Por su parte, el socialista Martín Berriolope recalcó que el actual Gobierno al llegar al poder encontró "un papelillo, prácticamente un acuerdo verbal" para dedicar 450.000 metros cuadrados en Villaescusa a una actividad "básicamente de ocio", y el POL fue el que dibujó después un área productiva de 2,1 millones de metros cuadrados con más usos. Además, lamentó que la moción del PP parece perseguir sólo la "salvaguarda de los intereses privados en la zona" sin analizar si eso "desarticula o desgaja" el trazado.

'Otros asuntos'

Al margen de estos asuntos, el Pleno de la Cámara aprobó hoy por asentimiento, y a propuesta del Partido Popular, el nombramiento de José Luis Vallines Díaz como representante del Parlamento en la Asamblea General de Caja Cantabria en sustitución de José Miguel Gómez Gómez. Asimismo, el diputado del PP José Antonio Cagigas reclamó la elaboración de un mapa de Formación Profesional acorde con los criterios definidos en el Plan de Cualificación Profesional porque, según dijo, la FP necesita en Cantabria "un vuelco", para responder a las necesidades del sector productivo y conseguir una región más competitiva, lo cual redundará en el empleo.

La consejera de Educación, Rosa Eva Díaz Tezanos, le respondió que el mapa de FP se revisa cada año y la intención es seguir "actualizándolo" en función de la normativa estatal, que se encuentra ahora en revisión. Según dijo, la actualización del mapa se hará "desde la reflexión y la prudencia" y con la implicación de los distintos agentes implicados. En su opinión, la interpelación planteada por el PP es "extemporánea" y recordó a Cagigas el trabajo realizado estos años para "dignificar" la Formación Profesional.

Por último, el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, respondió en el Pleno a una pregunta del PP sobre su ronda por diferentes medios de comunicación para informar del proyecto de Presupuestos regionales para 2009. Desde el Partido Popular, Isabel Urrutia acusó al Gobierno de "malversar" con el dinero de todos los cántabros para "publicitarse, usurpar a los ciudadanos la información veraz y real" y "de paso", criticar y "poner a parir" a la oposición en una actitud "insultante e indecente".

Agudo replicó que el Gobierno está "obligado" a hacer política y explicársela a los cántabros y achacó esta pregunta a un "tic autoritario" del PP, que pretende que el Ejecutivo se "calle" para que "no le deje las vergüenzas al aire" y no "desvele la falta de propuestas e iniciativas" de la oposición. Pese a ello, recalcó que el Gobierno seguirá exponiendo sus presupuestos y "denunciando" que la "supuesta" oferta de diálogo del PP es un "fraude tramposo" al conjunto de los ciudadanos.