Aguirre anuncia la venta del 49% del Canal

O subida de tarifas del agua o capitalización de la empresa. Con esta disyuntiva presentó el Gobierno regional la futura privatización parcial y salida a Bolsa del 49 por ciento del Canal de Isabel II.

Según Aguirre, no existe otra fórmula para reunir los 4.000 millones necesarios para conseguir la calidad de la depuración del agua exigida por la normativa europea y construir los dos nuevos pantanos que el Ejecutivo considera imprescindibles para garantizar el suministro a una provincia en crecimiento constante.

Así, la Comunidad descartó la posibilidad de recurrir al endeudamiento del Canal para acometer las modernizaciones, pese a que Aguirre afirmó que la empresa pública tiene la capacidad patrimonial y financiera suficiente para afrontar las inversiones.

Nueva pugna entre Aguirre y Gallardón
Las primeras reacciones en contra de esta iniciativa no tardaron en llegar. Al rechazo de los ayuntamientos socialistas de la región con los que tiene firmados convenios para el abastecimiento de agua, se sumó el del Ayuntamiento de Madrid, lo que abrió una nueva pugna entre Aguirre y Gallardón.

El alcalde defendió que está obligado a rescindir los convenios vigentes con el Canal al producirse un cambio en uno de los titulares como sería que dejase de ser una empresa pública para convertirse en una empresa privada. En cualquier caso, afirmó que posiblemente el Canal ganaría el concurso público para la gestión del agua de Madrid que tendría que convocar el Ayuntamiento.

En bloque contra la operación
La oposición y los sindicatos se opusieron en bloque al anuncio realizado por Aguirre. El PSOE aseguró que el PP va a "convertir el agua en un simple producto", sujeto a la explotación privada con criterios de rentabilidad, al que tenga acceso sólo quien pueda pagarla y a los precios que determine la empresa que explote el recurso.

Por su parte, IU incluso pidió al Ministerio de Medio Ambiente que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de una sociedad anónima en el Canal, por suponer "una invasión clara de las competencias del Estado, al incumplir la Directiva Marco del Agua". Además, criticó que "una vez más, el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, privatice un bien público de máxima necesidad social".

Diversas organizaciones ecologistas, sindicales y ciudadanas constituyeron la Mesa del Agua para coordinar sus acciones de protesta contra la privatización parcial del Canal, al considerar que se podría deteriorar la calidad del agua y se podría producir una subida de las tarifas. Además, defienden que el suministro está garantizado con el embalses que hay actualmente en la región.

La plantilla se echa a la calle
No solo el movimiento asociativo han protagonizado diferentes manifestaciones y protestas públicas contra la salida a Bolsa del Canal. Los trabajadores de la institución también se han echado a la calle, ya que consideran que sus empleos corren peligro. La Comunidad les ha asegurado que mantendrán sus condiciones laborales, pero los sindicatos denuncian que nunca se ha comprometido a mantener a toda la plantilla.

Pese a las críticas, el Gobierno regional no descartó la privatización parcial del Canal y en noviembre dio el primer paso con la creación de la sociedad anónima que lo gestionará.

Estado de la región
Además de la privatización parcial del Canal, en el debate sobre el estado de la región Aguirre habló principalmente de la crisis. Ofreció un rosario de datos económicos a nivel nacional para concluir que nos encontramos ante una crisis "incluso peor que la de 1993" y que la economía madrileña "es la que mejor está resistiendo la crisis" porque aún está creando empleo.

"No es lo mismo el coste de servicios para 5 millones de personas que para 6.100.000". Con estas palabras, la presidenta volvió a una de las líneas tradicionales de su discurso para reclamar al Gobierno central más inversiones en infraestructuras y el reconocimiento del aumento de población.

También defendió las recetas con las que su Gobierno está afrontando la crisis: "generar confianza en los empresarios y aplicar austeridad en la Administración", todo ello sin penalizar  los servicios al ciudadano; y destacó lo que consideró logros de su Administración, como "una sanidad más cercana y con más capacidad" o los 2.500 contratos firmados en unos meses en el marco del Plan Alquila.

En cuanto a sus propuestas de cara al futuro, la presidenta habló de la construcción de un 'macrocentro' de convenciones que atraiga más turismo de negocios a la región, anunció una inversión de 54 millones de euros para instalar pizarras digitales en los colegios y la extensión del bilingüismo preside y adelantó que las empresas que se instalen en la región podrán elegir el marco legal de la comunidad autónoma que más les intereses.