En la judicatura la cosa está que arde, tanto que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido este miércoles una declaración institucional en la que amenaza a los jueces huelguistas con que el Consejo adoptará, “
en el legítimo ejercicio de sus competencias”, las medidas necesarias para “
asegurar la legalidad de los acuerdos adoptados en las Juntas de Jueces y para garantizar que las demandas de los ciudadanos sean atendidas de forma inmediata”.
En lo que se interpreta como un intento desesperado por frenar la huelga de jueces que de momento han convocado para el 18 de febrero las Juntas de Extremadura y Murcia, el presidente del Consejo,
Carlos Dívar, ha convocado a todos los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para mantener una reunión de trabajo el próximo día 2 de diciembre.
En la nota oficial se afirma que en sus dos meses de andadura, el CGPJ ha impulsado en colaboración con el Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas y los restantes órganos de gobierno del Poder Judicial, un Plan de Modernización de la Administración de Justicia. También ha adoptado, según la declaración institucional, medidas concretas y urgentes, esencialmente de refuerzo de órganos judiciales con problemas de funcionamiento o en vías de saturación, “
con la finalidad de mejorar el servicio público que se presta a los ciudadanos y las condiciones profesionales de Jueces y Magistrados”.
Un Consejo General ‘dialogante’
El malestar judicial, que ha propiciado la convocatoria de huelga, preocupa no sólo al Gobierno, sino al órgano de gobierno de los jueces, y evitar la misma ha ocupado una buena parte del Pleno del CGPJ celebrado este miércoles. El sector ‘progresista’ –más afín a las posiciones del Gobierno- quiere frenar una huelga que el CGPJ, en boca de su portavoz, Gabriela Bravo, es a todas luces ilegal. En ese sentido va la declaración institucional emitida por el Pleno al término del mismo.
Como autodefensa –o como argumentario en contra de los huelguistas-, el Pleno del Consejo considera que en estos dos meses desde su constitución
“ha dado muestras visibles de su decidida apuesta por mejorar las deficiencias de todo tipo que, desde hace años, aquejan a nuestros juzgados y tribunales”. Hace especial hincapié en que ha mantenido una política de “
diálogo y colaboración” con las Administraciones Públicas y con los representantes del colectivo judicial, a través de las asociaciones profesionales y de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
En ese sentido, el Consejo ha hecho una llamada a la “
responsabilidad personal e institucional y en el sentido común de los jueces y magistrados” para que la celebración de las Juntas “
no afecte a los señalamientos ni a las actuaciones judiciales ni, por tanto, al normal funcionamiento del servicio público”. Una prueba evidente de la preocupación existente en este órgano por la significación histórica de la huelga de jueces.
Así, el Pleno dice confiar en que todos los integrantes del Poder Judicial, “
cuya contribución es imprescindible para acometer las reformas necesarias, sepan valorar los efectos perjudiciales que tendrían medidas de dudosa legalidad y con grave trascendencia para la tutela de los derechos de los ciudadanos”.
A trancas y a barrancas
De cara a deslegitimar por la vía de los hechos la anunciada huelga judicial, el Pleno ha aprobado un paquete de actuaciones a corto y medio plazo para que los Juzgados Mercantiles “
puedan hacer frente y dar un tratamiento adecuado al aumento de carga de trabajo derivado de la actual crisis financiera internacional”.
Destacan las destinadas a reforzar los medios personales (Jueces, Secretarios Judiciales y personal al servicio de la Administración de Justicia) para los órganos mercantiles de todo el territorio del Estado, que dependen del específico incremento del trabajo previsto para cada uno de ellos. En aquellos lugares donde el aumento sea mayor se crearán
“Juzgados Bis”.
El Pleno del CGPJ también ha considerado “
adecuada” la constitución de Servicios Comunes Concursales, u Oficinas de Información Concursales, destinadas a dar un apoyo específico a los Juzgados Mercantiles, lo que “
permitirá mejorar los trámites con los acreedores (recepción de escritos, comunicaciones a las partes, entrega de copias, información…)”. Asimismo se contempla la posibilidad de que la información concursal pueda ser consultada, por acreedores y demás interesados, a través del acceso a una página Web.
Finalmente, el CGPJ apoya la creación de un nuevo Servicio de Mediación entre empresas y acreedores, que resolvería aquellos conflictos de naturaleza mercantil que sea posible solventar sin la intervención judicial.
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