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Los jóvenes que ocuparon el poblado pretendían desarrollar un proyecto cultural

Doce detenidos en el desalojo de los 'okupas' de Navalquejigo

martes 27 de febrero de 2007, 12:57h

Agentes de la Guardia Civil han detenido esta mañana a una docena de personas del movimiento "okupa" durante el desalojo de las viviendas en las que residen desde hace diez años en Navalquejigo, en el término de El Escorial.

Estos detenidos, según fuentes de la Guardia Civil, fueron trasladados en furgón policial al cuartel de la Guardia Civil en El Escorial, donde se les tomará declaración, tras lo cual pasarán al juzgado de primera instancia de San Lorenzo de El Escorial por un presunto delito de usurpación.

Alrededor de 100 agentes de Guardia Civil y Policía Local han comenzado con el desalojo de los habitantes del poblado de Navalquejigo, perteneciente al término municipal de El Escorial, tras el auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia del municipio. Según los vecinos, el auto alega "que los inmuebles habitados se encontraban en estado de ruina y amenazaban la integridad física de sus ocupantes".

Este poblado abandonado, en el que viven 15 personas, fue ocupado en 1997 por un grupo de jóvenes con la intención de recuperarlo y desarrollar un proyecto cultural. Las casas que habitan los jóvenes están rehabilitadas por ellos mismos y cuentan con los servicios básicos.

Los habitantes del poblado, que aseguran estar "asentados" en el lugar, sospechan que detrás de la denuncia pueda estar la "especulación urbanística" ya que el poblado está rodeado de núcleos urbanos. Asimismo, resaltaron la labor de restauración que han realizado en la zona durante los últimos años.

Informe deficiente
Los habitantes del poblado afirman que el auto está basado en un informe realizado por un técnico municipal fechado en marzo de 2000 que, a su juicio, presenta "evidentes deficiencias de forma y contenido". Según los jóvenes, en él se especifica que "se trata de una inspección no exhaustiva contando con un notable número de falta de datos relevantes para conocer si el supuesto estado ruinoso afecta a la totalidad, a casi todas, o sólo a alguna de las casas".

Así, indicaron que no se determina "qué casas tendrán que ser desalojadas y dónde están ubicadas, pues tan sólo se alude a varias casas". Los jóvenes señalaron que también se afirma que no se ha podido acceder a ninguna de las viviendas, por lo que no saben "cómo se puede concluir que el interior de éstas implica riesgos para las personas". "A ello hay que sumar que sólo cita una casa que no reúne las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad, de la cual se ignora su ubicación y/o propietario o morador. La situación de esta casa no puede, bajo ningún concepto, extenderse al resto del pueblo", subrayaron.

A ello añadieron que el denunciante "no aporta documentación que acredite la propiedad de ninguna de las casas que se van a desalojar", sino que tan sólo se presenta "una nota simple del registro de la propiedad en la que no se especifica cual o cuales inmuebles son suyos". Por último, los jóvenes explicaron que el artículo por el que está dictado este auto, que es el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "no es aplicable a este caso porque, aunque prevé primeras diligencias, no es aplicable pasados siete anos de la apertura de las actuaciones".

Finalmente, los habitantes del poblado indicaron que el término cuenta con una situación especial pues fue declarado Bien de Interés Cultural por el Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en el año 2006, ya que cuenta con una historia de más de 8 siglos, incluso con edificaciones de la Edad Media. "Con esta orden peligra el estado de estas construcciones históricas, ya que no entran en el plan especulativo del denunciante", concluyeron.

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