Dos cuestiones trascendentales

Las crónicas casi diarias del proceso 11-M y los fogonazos de las casi inminentes elecciones autonómicas y municipales, han puesto una cierta sordina a los ecos de dos asuntos vitales para el porvenir de España. Se trata en primer término del todavía reciente acuerdo del Tribunal Constitucional por el que se acepta la recusación del magistrado Perez Tremps que, aparte de verter ríos de tinta por la interpretación jurídica un tanto sesgada que ha hecho de la norma  la mayoría del Tribunal abriendo una espita a la duda sobre su imparcialidad, ha desatado una polémica de fondo sobre futuras resoluciones que pueden afectar al modelo territorial y reproducir especialmente la desgarradora controversia sobre el  Estatut catalán cuando ya parecía pacificada y encauzada.

Si el apartamiento de Pérez Tremps arrojó sobre el Constitucional la sombra de la duda, que ya le había alcanzado por otras resoluciones negativas para las pretensiones de los nacionalismos periféricos y asimilados –pese a que el conjunto de su trayectoria jurisprudencial es claramente favorable a las tesis descentralizadoras-, la iniciativa del Govern planteando la recusación de Rodríguez Zapata abre más aun la brecha de credibilidad en el intérprete de la Constitución, cualquiera que sea el acuerdo: si se accede a la recusación porque los amigos de hundir nuestras instituciones afirmarán que se ha cedido a las presiones catalanas; por el contrario, sino no se accediera, porque la necesaria sutileza de los argumentos que se puedan argüir para rechazar la recusación, no van a convencer más que a los partidarios de cercenar el Estatut.

El problema que se cierne sobre el modelo territorial es tan profundo y enreversado como lo fue la tramitación del proyecto de Estatut, afectado desde su inicio por las ambiguas o no tan ambiguas promesas de Rodríguez Zapatero. En unos pocos meses el Tribunal Constitucional deberá  pronunciarse sobre unos recursos de inconstitucionalidad que en ningún caso serán aceptados en la integridad de sus planteamientos, pero que sí afectarán a preceptos que no caben en el marco constitucional. El fallo sobre el Estatut afectará a los restantes estatutos aprobados o en curso de aprobación, recortando algunos evidentes excesos como se contienen en los textos valenciano y andaluz en materia de aguas, o las competencias en grandes infraestructuras, o el despojo de las últimas facultades básicas unificadoras del Estado en materias como urbanismo y medio ambiente, en las que se asiste a una negociación entre iguales para poder llegar a conciliar unas políticas relativamente uniformes. Que el gobierno central tenga que ir reparando los desafueros permitidos por las comunidades autónomas y ayuntamientos en las costas, a base de expropiar con el dinero de todos, es una muestra insuperable de las consecuencias que puede tener un abuso de la delegación de facultades que permite con carácter excepcional el artículo 150.2 de la C.E.

Pese a los últimos incidentes, cabe esperar que el Tribunal Constitucional, sea con la actual composición o con la que tendría si se acordara admitir la recusación de Rodríguez Zapata, hará una aplicación ponderada de los preceptos constitucionales sin entrar a dirimir cuestiones identitarias y, por el contrario, perfilando los contenidos competenciales que en algunos casos han ido demasiado lejos. Lo curioso del caso es que, si ha existido acuerdo entre los dos partidos mayores, las posibilidades de plantear un  recurso de inconstitucionalidad alcanzan únicamente al Defensor del Pueblo y a las comunidades autónomas.

La otra cuestión a la que se refiere el título es el nuevo planteamiento de Otegi y de sus coaligados, inexplicable si no contara con un amplio apoyo de sus bases y de la organización terrorista etarra. El caso es que, con ser muy importantes las declaraciones hechas a “La Vanguardia”, falta una declaración clave: la condena de la violencia. Y como de algún modo tendrá que producirse al haber optado sin reservas por los métodos democráticos, habrá que esperar a alguna otra declaración en la que se empiece por rechazar y descalificar la violencia callejera, en la que como él mismo afirmó puede ejercer influencia directa, siguiendo con la de la banda terrorista, cuando se atreva. Pero estas consideraciones obligan a ocuparse de este segundo asunto en una próxima ocasión.