Se han celebrado durante los días 27 y 28 de este mes las primeras Jornadas de Justicia en el Periodismo Local. Organizadas por Madridiario y Campus de la Justicia de Madrid han sido un auténtico éxito. Por un lado debido a que el auditorio de la Real Casa de Correos donde se realizaron estuvo repleto las dos mañanas de un público, en su mayor parte formado por estudiantes de los cursos superiores de Periodismo y Derecho.
Y luego, porque han contado con la plana mayor de la Judicatura madrileña -Javier María Casas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; José Luís González Armengol. magistrado juez Decano de Madrid; Francisco Javier Vieira, presidente de la Audiencia Provincial; Luís Martí Mingarro, decano del Colegio de Abogados de Madrid, y Tomás Sanz, secretario de Gobierno del TSJM- y con un nutrido grupo de periodistas -José Antonio Hernández (El País), Pedro Blasco (El Mundo), Antonio Naranjo (Diario de Alcalá), Francisco Velasco (La Razón), Elisa Beni (Prensa del TSJM), Alicia Fernández Santolaya (TVE), José Ribagorda (Telecinco), Víctor Arribas (Telemadrid) y Andrés Aberasturi- que han diseccionado esa difícil relación que mantienen los mundos de la Justicia y la Prensa. Las Jornadas también permitieron conocer con más detalle el proyecto ganador del concurso internacional sobre el Campus de la Justicia, tras las explicaciones que dio su autor, Javier Frechilla.
Tras asistir a las ponencias y mesas redondas me han surgido, sin embargo, muchas preguntas que les transmito: ¿Por qué el ministerio de Justicia va a autirizar 18 nuevas salas este año cuando se le han solicitado 96 y el Ministerio sólo costea el 10 por ciento de lo que vuestan los nuevos juzgados? ¿Qué motiva que se prefiera tener a los ciudadanos sometidos a dilatados procesos durante años a dotar de más juzgados a una autonomía que acumula cada años miles de asuntos no resueltos? ¿Tiene algo que ver el hecho de que los Gobiernos Central y Autonómico sean de distinto signo político?
Otras preguntas que me asaltan tras haber escuchado a los ponentes son las siguientes: ¿Hasta qué punto el derecho a la información debe permitir la entrada de cámaras en juicios donde se puede producir un quebrantamiento del derecho a la intimidad de las víctimas? ¿cómo afecta la presencia de cámaras a la actuación de los propios magistrados, abogados, acusados y testigos? ¿hay algún sistema de que ese material audiovisual, facilitado para que todos conozcan lo que ha ocurrido, no se convierta finalmente en el fondo de pantalla de supuestos debates de personajes de la prensa del corazón? ¿cómo no van a sentirse mediatizados los miembros de un jurado que cuando llegan a sus casas, tras cada una de las sesiones del juicio, se encuentran con que familias, amigos y medios de comunicación han hecho un juicio paralelo?
La tercera tanda de preguntas me surgen a raíz de escuchar los planes para construir el nuevo Campus de la Justicia que se presume como el mejor de Europa. Frente a este plan, en las Jornadas los magistrados y secretarios judiciales afectados hablaron de espacios cutres, lóbregos, sin luz, repletos de papeles, con un sistema informático que se acaba de cambiar, con una dispersión de hasta 22 sedes diferentes. Y yo me pregunto: ¿hasta que podamos contar con los 18 modernos edificios en un área informatizada, vigilada y ajardinada como será el Campus de la Justicia, hay planes para paliar esta situación a corto plazo? Demasiadas preguntas, sin duda, que exigirán la convocatoria de las II Jornadas de Justicia en el Periodismo Local.
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