A tenor de las informaciones publicadas por el diario El País, fuentes del departamento que dirige Francisco Granados explicaron a Madridiario que ex policías y guardias civiles realizan bajo su mandato labores de "contravigilancia" y seguridad en edificios oficiales. El propio consejero aclaró este lunes que su departamento sólo desarrolla sus competencias y lo hace "en colaboración leal de las BESCAM con el Ministerio del Interior", sin que existan tareas de espionaje: "No comento los mecanismos de seguridad; simplemente la Comunidad desarrolla el ejercicio las competencias de seguridad que le da la ley".
El consejero desmintió a uno de sus asesores de seguridad, Marcos Peña, que en declaraciones al diario aseguraba estar al frente del equipo cuyos miembros habrían investigado tramas corruptas y escándalos en municipios gobernados tanto por el PP como por el PSOE. Negó igualmente que este asesor actúe como jefe del operativo o que se hayan realizado las acciones que Marcos Peña se atribuye, ya que "ese tipo de cuestiones no está dentro de las competencias". Descartó por último que Peña , de quien declaró que aún continúa en su puesto de asesor, tenga "ninguna estructura a su cargo".
La Fiscalía no ve delito
El Fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, no ve "a priori" delito alguno en que se contraten asesores para elaborar informes, y argumentó que si esto está presupuestado y pagado con dinero público, no es secreto. La Unión de Guardias Civiles (UGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) corroboraron la versión de la Fiscalía argumentando que si los ex agentes que prestan servicio a la Consejería son ahora detectives privados o personal asesor, la contratación de éstos es "legal".
Cosa distinta es que éstos se relacionen con agentes en activo que les suministren información, como habría afirmado Marcos Peña, motivo por el cual han pedido a ambos cuerpos que se abra una investigación urgente. Si esta circunstancia se ha dado, los agentes podrían haber cometido una ilegalidad y serían expulsados del cuerpo.
Un ataque para enmascarar la crisis
Para Esperanza Aguirre, la información publicada este lunes responde únicamente a un intento de desestabilizar su Ejecutivo y a un intento del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de ocultar la crisis económica. "Cada vez que el periódico El País tiene problemas, por ejemplo, el señor Solbes, que dijo que el Gobierno ya tiene agotadas todas las posibilidades frente a la crisis, ataca al PP de Madrid o al Gobierno de Madrid", indicó la presidenta regional en declaraciones recogidas por Europa Press.
Aguirre se negó a abundar en la polémica a pesar de que el PSOE e IU han solicitado la comparecencia urgente de Francisco Granados en la Asamblea de Madrid para que ambos den explicaciones. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, denunció que, de confirmarse las informaciones, "sería el caso más grave de corrupción de la democracia española, una actitud similar a la de una organización mafiosa".
Competencia de la Fiscalía
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) cree que a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid le compete investigar la supuesta red de espionaje creada por Granados. El portavoz de la APM, Antonio García, apuntó que "si la Fiscalía, que tiene encomendada el ejercicio de la acción penal y la defensa de los derechos de los ciudadanos, cree conveniente iniciar algún tipo de acción penal lo hará". "Es la Fiscalía quien lo debe creer oportuno", resaltó.
No habrá querella
Granados, afirmó que no interpondrá ninguna querella contra El País porque en la información "en principio no se deriva ninguna actividad delictiva". "Yo no soy muy partidario de poner denuncias a los medios de comunicación. No lo he sido nunca y siempre me he manifestado en contra de este tipo de acciones. En este caso en el que hoy se atribuye a la Comunidad una actividad de ese tipo no se deriva una actividad delictiva y, por tanto, no he visto nada con lo que se pueda uno querellar", dijo.
El fiscal Moix no ve delito
El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix, afirmó que, a priori y a falta de un estudio a fondo de la información, "no parece que haya delito" en el hecho de que el consejero de Presidencia, Justicia e Interior pida informes a un equipo de asesores.
El fiscal superior de Madrid ha explicado que "a priori y con todas las cautelas del mundo", ya que no ha leído la información de El País y sólo conoce parte de la misma, "no se trata de nada delictivo". Aseguró también "Que alguien encargue unos informes sobre determinados asuntos a asesores, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales de nadie en las investigaciones, no es delito".
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