El fiscal jefe del TSJM afirma que el trato en los centros de menores es "correcto"

En este sentido, Moix aseguró que la Fiscalía que dirige no ha recibido ninguna queja ni denuncia en los últimos años de parte de educadores o internos de los centros que están siendo investigados por el Defensor del Pueblo.

Además, apuntó que él mismo y sus ayudantes realizan visitas periódicas, la última hace tan sólo unos días y afirmó que "nunca" ha observado malos tratos, ni menores atados, ni se les da medicación en exceso, como se ha denunciado. Así, señaló que mantuvo entrevistas con educadores, enfermeros y con los propios menores y precisó que las únicas quejas que les trasladaron fue que no les daban suficiente tiempo para fumar o protestas como "el champú que me dan me seca el pelo o la comida a veces está fría".

Respecto al trato educativo y médico que reciben, el fiscal jefe indicó que, en ningún caso es "degradante" y recordó que los menores allí internados "no son normales", ya que padecen trastornos de conducta. Por otro lado, el fiscal jefe apuntó que a los menores se les sujeta en supuestos muy específicos, pero "no se les ata ni se les tira al suelo", tal y como señalaban algunos testimonios tras presentarse el informe del Defensor del Pueblo. "Hemos visitado cuatro centros, con reportaje fotográfico incluido, y todos los informes revelan que todo es correcto", añadió. También rechazó que los menores estén recluidos en estos centros, porque "no son reformatorios", y señaló que los residentes pueden salir a la calle, dar un paseo por el pueblo o pasar el fin de semana con su familia.

Comunicación a la fiscalía
Moix hizo estas declaraciones tras la presentación de un nuevo marco de colaboración con la Comunidad de Madrid para reforzar la coordinación en la atención de menores protegidos en los centros regionales para trastornos de conducta, por lo que será de obligado cumplimiento la comunicación a la Fiscalía de las decisiones sobre estos jóvenes.

Así, a partir de la próxima semana, le será siempre remitidos desde la Comisión de Tutela de la Comunidad la decisión de ingresar a un joven en un centro de trastorno de conducta, a lo que podrá oponerse si no lo considera oportuno. También se le transmitirá cualquier decisión que los responsables de los menores adopten para salvaguardar su integridad: la retirada de cualquier objeto o efecto personal que sea considerado ilegal o peligroso para el residente o para el resto de compañeros; el régimen de visitas y salidas o las medidas correctoras a aplicar ante conductas graves. La retirada de privilegios como respuesta educativa a comportamientos inapropiados, excluye la privación del sueño, de la alimentación, de la vestimenta, de la asistencia al centro educativo o la restricción de visitas o salidas con sus familiares.

Además, se detalla que las medidas de contención se aplicarán "única y exclusivamente" con el objetivo de evitar menoscabos a la integridad física del propio menor, sus compañeros o personal del centro, así como daños materiales graves a las instalaciones.

Catálogo de 'buenas prácticas'
Por su parte, el PSOE registró este viernes en el Congreso una iniciativa en relación con el informe del Defensor del Pueblo, que como principal medida propone la redacción de "un catálogo de buenas prácticas" que sirva al intercambio de experiencias y formación especializada y continuada de los educadores.

La proposición no de ley también contempla otras medidas, como la participación del Observatorio de la Infancia, en el que están representadas todas las organizaciones de protección a la infancia, participe en el debate sobre la problemática de los centros de menores, y la promoción de un mayor grado de implicación de los servicios de salud autonómicos respecto a los problemas que puedan plantearse en los centros de menores. Además, "debería promoverse la participación de la Fiscalía de menores".