El juez Garzón abre expedientes inquietantes

Las constructoras españolas que licitan por las obras de ampliación del Canal de Panamá han exigido en repetidas ocasiones a ambos gobiernos que lleguen a un acuerdo para que el país centroamericano sea tachado de la lista negra del Ministerio de Economía y Hacienda de España. 

El pasado mes de diciembre, las empresas españolas ACS, Acciona y FCC, junto a la alemana Hochtief y la mexicana ICA, se precalificaron para pujar por un contrato que asciende a 3.200 millones de dólares (2.206 millones de euros). De igual modo lo hizo la también española Sacyr Vallehermoso, al frente del consorcio con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.  Pero los intereses de las empresas españolas se ven perjudicados por los problemas tributarios entre Panamá y España.  Ambos gobiernos persiguen llegar a un escenario en el que compartan información en materia fiscal o un convenio para evitar la doble imposición y que incluya una cláusula de intercambio de datos, pero aún no se ha producido.

Este problema no existe para el resto de competidoras en el Canal. La francesa Bouygues encabeza un consorcio en el que también figuran Vinci y Alstom. Su país dio por zanjadas sus diferencias con Panamá en 2007, al extraerla del listado de paraísos fiscales.

El cuarto grupo que licita en el Canal está liderado por la estadounidense Bechtel. EEUU no sólo considera a Panamá un socio transparente, sino que las propias autoridades no han escatimado nunca en halagos hacia la integridad de la Autoridad del Canal de Panamá, gestora de la infraestructura. 

Hace exactamente un año, el embajador de Panamá en España, José Manuel López Marrón, ya advirtió a las compañías de nuestro país que participan en la ampliación del Canal que es necesario que dejen de considerar Panamá como un paraíso fiscal.  En caso de que este reconocimiento no llegue a producirse, podría comenzar a aplicarse la denominada Ley de Retorsión, que prohíbe la participación en proyectos públicos panameños a aquellas empresas que consideran al país paraíso fiscal, indicó el embajador.   Dicha ley está en vigor pero nunca se ha aplicado, aunque en cualquier momento puede desarrollarse un reglamento para hacerlo, según ha afirmado López Marrón en un encuentro con empresarios españoles.