"Se ha procedido a la autorización de juzgamiento de parlamentarios para que luego puedan asumir su defensa en los tribunales de justicia", anunció el presidente de la Suprema, Eddy Fernández en declaraciones publicadas hoy por el diario La Razón.
La Fiscalía y la Corte Superior de Chuquisaca serán los encargados de llevar adelante el proceso judicial por la vía ordinaria contra los senadores Fernando Rodríguez y Tomasa Yarhui, los diputados Dayler Enrique Andrade, Lourdes Millares y Gonzalo Pórcel, todos opositores, y contra el ex asambleísta Mario Oña.
La demanda, que fue interpuesta por el ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, se refiere a los hechos del 24 de mayo de 2008, cuando campesinos y efectivos militares fueron agredidos en la capital de Chuquisaca, Sucre, que es además capital constitucional de Bolivia.
En su demanda, Trigo explicó que los militares fueron "humillados y obligados a marchar con banderas chuquisaqueñas".
Estos hechos se produjeron cuando cívicos y estudiantes protagonizaron violentas protestas contra miembros del Ejército y contra varios campesinos e indígenas seguidores de Evo Morales, que fueron sometidos a vejaciones y humillaciones.
Según indicó el Gobierno en aquella ocasión, como consecuencia de los incidentes resultaron heridos al menos cinco militares y policías, que fueron agredidos con palos y piedras cuando abandonaron el estadio en el que Morales tenía previsto celebrar un acto que tuvo que suspender por esos sucesos.
Una de las parlamentarias afectadas por esta resolución, la senadora del grupo opositor Poder Democrático y Social (Podemos) Tomasa Yarhui, anunció que se reunirá con los otros implicados "para analizar los delitos de los que se les acusa, aunque aclaró que no han sido notificados oficialmente", informó el diario.
Su colega de filas, el diputado Gonzalo Pórcel, coincidió con Yarhui al señalar que no ha recibido notificación oficial, pero afirmó que le "sorprendió mucho la decisión para autorizar este proceso".
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