Más problemas para la Justicia. Este lunes al menos 1.170 asuntos más según el sindicato CCOO se acumularon en los ya de por sí saturados juzgados de la Comunidad de Madrid.
La primera de las quince jornadas de huelga de los 6.000 funcionarios de la Administración de Justicia regional (que no la de los jueces, prevista para miércoles 18 de febrero) alcanzó este lunes un seguimiento del 81% según los convocantes, lo que provocó la suspensión de 820 actos judiciales y aproximadamente 350 de registro, además de retrasar por acumulación otro buen número de ellos. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior rebajó en cambio el seguimiento del paro hasta el 40'9%.
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La mayor incidencia, explicó a
Madridiario la portavoz de Justicia de CCOO, Felicidad López, se ha dado en los juzgados de Móstoles, Fuenlabrada, el Registro Civil de la calle Pradillo (con más colas de las habituales) y los juzgados de Plaza de Castilla, donde los ciudadanos denunciaron las consecuencias de estas reivindicaciones.
La convocatoria de estos paros obedece según CCOO, UGT y STAJ a que el Gobierno regional se niega a respetar los acuerdos firmados en diciembre de 2007, cuando Alfredo Prada era el consejero del ramo y se rubricó un plan de choque con más medios para la jurisdicción penal, la Fiscalía de Madrid o el Instituto Anatómico Forense especialmente. En lugar de eso, denuncia Felicidad López, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre "niega que esos acuerdos hayan existido y nos ofrece ahora otro ya derogado de 2005 que sólo consiste en subir los salarios de forma mínima, pero sin recoger ninguna de las mejoras de personal pactadas hace dos años".
Resuelta la deuda con los abogados
Hasta que no se llegue a un acuerdo o la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se siente a negociar, los sindicatos alternarán quince días de paros con una semana de trabajo. Eso, mientras los juzgados se preparan
para la huelga de jueces cuya convocatoria, de momento, se mantiene para este miércoles y amenaza con ahondar en el problema. El PSOE, a través de su portavoz de Justicia en la Asamblea, Javier Gómez, denunció este lunes que la consejería se encuentra en "estado comatoso y es incapaz de dar respuesta a los retos que tiene por delante", como, apuntó, la prometida construcción de diez palacios de justicia o la unificación en una sola sede de los juzgados de violencia de género.
Presidencia sí ha dado un paso importante para resolver el otro conflicto que mantenía abierto, esta vez con el Colegio de Abogados de Madrid, a cuenta del
impago de cerca de 24 millones de euros a los profesionales del turno de oficio y por la asistencia legal gratuita a los inmigrantes. El consejero Francisco Granados trasladó este viernes al decano del Colegio, Antonio Hernández-Gil, una propuesta en principio satisfactoria para abonar esas cantidades que "cubre todos los frentes" pero que deberá ser aceptada en votación por los abogados. Granados aseguró que todos los abogados de oficio cobrarán lo que se les adeuda "en breve", pero pidió comprensión dada la difícil situación económica actual y renuncien a los encierros que comienzan este martes. Los funcionarios, añadió recuperarán en el futuro
lo que pierdan en 2009.
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