Sindicatos y asociaciones de inmigrantes piden responsabilidades

La Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) insta al Gobierno a terminar con las "políticas represivas y discriminatorias" de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en alusión al arresto de un cupo semanal de extranjeros por encontrarse en situación irregular. Para las asociaciones de inmigrantes "los centenares de personas detenidas en los dos últimos meses, han creado una sensación de temor generalizado dentro del colectivo de inmigrantes".

El portavoz de SOS Racismo, Javier Ramírez, denunció que la "persecución policial" de inmigrantes genera que los extranjeros que viven en España y que ya suponen el diez por ciento de la población desconfíen de las instituciones públicas, lo que a su juicio "es inadmisible". La asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui calificó de "lamentable y desproporcionada" la orden policial interna. Su presidente, Raúl Jiménez, afirmó que "asistimos a la criminalización de la inmigración por parte de una orden policial en la que se intenta perseguir a los inmigrantes, personas que por su situación administrativa irregular son considerados como delincuentes".

El presidente de la Asociacion de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, denunció que la Policía Nacional "no es una empresa que tenga que cubrir objetivos" y exigió "explicaciones" al Ministerio del Interior y la Policía por la imposición de "cupos" de detención de inmigrantes en Madrid.

Amnistía Internacional España destacó que si bien el Gobierno tiene un "derecho legítimo a tener políticas de control migratorio, éstas no deben suponer un menoscabo de los derechos fundamentales de las personas migrantes".

Manipulación de cifras
Todos los sindicatos policiales coincidieron en señalar al Ministerio del Interior como el origen de las instrucciones y lo enmarcaron en el afán del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba por "manipular" las cifras de delincuencia que luego presenta públicamente.

Los representantes de la Policía coinciden en exculpar al jefe superior de Madrid, Carlos Rubio, y al resto de mandos que han recibido esas instrucciones porque proceden de la Dirección General. Con todo, la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) inciden en que el 85 por ciento de los irregulares que ingresan en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) tienen antecedentes penales o policiales que sobrepasan el hecho de no tener 'papeles'.

Sin embargo, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, exigió a Interior que detalle cuántos inmigrantes ilegales detiene, de éstos cuantos envía a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para su repatriación y cuántos son finalmente repatriados. Según los cálculos que trasladó Sánchez Fornet, el resultado de repatriados ronda el "uno por ciento" de los detenidos por estancia irregular y, para eso, los agentes que patrullan las calles "pierden miles de horas en realizar los trámites burocráticos".

Para la Confederación Española de Policía (CEP), las instrucciones impartidas desde Interior suponen "una asfixiante presión estadística" para las plantillas de Policía, que terminan atendiendo al cumplimiento de esos objetivos en lugar de mejorar "cualitativamente" la seguridad ciudadana.  El SPP dice que Rubio ha actuado de forma "absolutamente profesional" y califica de "inadecuada e inoperante" la Ley de Extranjería.  El único sindicato policial que carga contra Rubio es la Unión Federal de Policía (UFP), que acusa al jefe superior de tener "una obsesión con los inmigrantes". Indicó que estas actuaciones tienen un carácter "casi racista" y pregunta cuántos delitos han bajado en las estadísticas de la Comunidad de Madrid a costa de detener inmigrantes en situación irregular.

El sindicato CC.OO. condenó la actuación de la Jefatura Superior de Policía en Madrid y denunció la falta de coordinación de la Policía con la Inspección de Trabajo para la persecución de la contratación irregular y la explotación a inmigrantes en situación irregular.