CC.OO. de Madrid presentará este martes una queja al Defensor del Pueblo contra el Gobierno regional para protestar por su "total pasividad" en la integración en la Sanidad pública de los cerca de 200.000 madrileños afectados por la desaparición de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social, 63.000 de ellos funcionarios de la Administración autonómica.
Según el sindicato, el Gobierno regional los ha dejado "abandonados" y "no ha establecido un periodo transitorio, ni puesto en marcha ningún procedimiento especial" con el objetivo de facilitar el paso al sistema público de salud de este colectivo.
Desde la agrupación advierten que no se ha previsto la incorporación de los medios humanos y materiales necesarios para atender a los miles de nuevos beneficiarios. Además, apuntan que la propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para
mantener la mutua sanitaria privada, tal y como adelantó
Madridiario, ha llegado tarde. Eso, independientemente de que sindicatos médicos como FEMYTS o las asociaciones en defensa de la sanidad pública recalquen que esta medida necesitará de cualquier forma de la
contratación de más médicos.
Anulaciones e interrupciones
El secretario de Política Institucional de CC.OO., Jaime Cedrún, afirmó que esta situación se ha traducido en que los afectados que se encontraban de baja o con tratamientos han tenido que tratar ellos directamente con sus nuevos médicos. Los que tenían fecha para intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnóstica, han visto cómo éstas se anulaba y deben iniciar el proceso desde el principio. En cuanto al traspaso de las historias médicas e informes, recalcó que también es un asunto que tienen que resolver los interesados, apelando a la "buena voluntad" de los facultativos.
Cedrún explicó que estos problemas eran previsibles desde septiembre, cuando se anunció la desaparición de las Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social, y añadió que, desde octubre, CC.OO. solicitó reuniones con distintos responsables del Gobierno regional y con su presidenta, Esperanza Aguirre, a la que se presentaron miles de firmas en este sentido, sin que haya habido contestación.
En este sentido, subrayó que la integración "se ha hecho de un día para otro, sin ningún tipo de información, obligando a todos los afectados a conseguir diferentes certificados y
colapsando los Centros de Salud, durante el mes de enero, para
obtener su tarjeta sanitaria".