La nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid apuesta por una solución dialogada

"Es imprescindible que las negociaciones entre asociaciones judiciales y el Ministerio de Justicia lleguen a buen fin", recalcó Ferrer, quien aprovechó su toma de posesión para repasar "los muchos problemas" que aquejan la Administración de Justicia madrileña. Trajo a colación la dispersión de las sedes judiciales, el incremento de litigios, el abuso excesivo de la Justicia, el retraso en la implantación de la nueva Oficina Judicial y de sistemas informáticos que agilicen los procesos.

Ferrer consideró "imprescindible" que se impulsen medidas legislativas que "racionalicen el acceso a la jurisdicción" para que se adecue a las necesidades reales e impidan su utilización abusiva". En el caso de la Audiencia, la avalancha de recursos de apelación que entran a diario atasca esta sede judicial.

Pese a todo ello, la nueva presidenta transmitió a los ciudadanos que pueden estar "tranquilos" ante "la permanente crítica" que recibe la carrera judicial y confiar en la Judicatura. "Corren tiempos difíciles. La figura del juez se ve en ocasiones cuestionada", reconoció, si bien insistió en que "los jueces de la Audiencia de Madrid, como la inmensa mayoría de los jueces de nuestro país, son jueces expertos: expertos en vida y en aplicación del derecho".

Primera mujer al frente
Ferrer confesó que afronta esta nueva etapa con "una doble ilusión": por ser la primera mujer que preside esta Audiencia centenaria y por tomar las riendas de "una de las audiencias más importantes" del país.

Ana Ferrer García, de Jueces por la Democracia (JpD), es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1982. Compatibilizó los estudios con el trabajo en el Tribunal Tutelar de Menores, primero como delegada profesional y posteriormente como técnico superior.

Ingresó en la carrera judicial en 1983, y desde 1996 está destinada en la Audiencia Provincial de Madrid.  Con anterioridad y como juez de Instrucción, le correspondió la tramitación de sumarios de gran relevancia pública, como los incoados por los delitos imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, o los iniciados tras la desaparición y muerte de la niña Susana Ruiz, entre muchos otros.

En sus más de 25 años de actividad profesional ha estado destinada en Valdepeñas (1984), en Linares (Jaén 1986-1987), en Aranjuez (Madrid 1987-1988), en Leganés (Madrid 1988-1989) y en el Juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid (1989-1996).