Hace unos días se supo, por fuentes diplomáticas, que el gobierno de Alemania había ofrecido dos millones de dólares al Perú para construir un Museo de la Memoria, similar al dedicado al Holocausto. Se supo también, con sorpresa e indignación para muchos, que la donación dormía el sueño de los justos sin que ninguna dependencia del Ejecutivo hiciese el trámite para recibir el dinero y construir el museo que ayudaría a que los peruanos no olvidemos la guerra fratricida en la que estuvo envuelto nuestro país por casi década y media, y que acabó con la vida de cerca de 70 mil personas según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
Durante el primer gobierno del actual presidente Alan García se violaron los derechos humanos de manera flagrante, y ésto lo implica de una manera u otra. A pesar que ayer inesperadamente reconoció esos "excesos" en la lucha contra el terrorismo, García también dijo que el Gobierno busca reconducir ese dinero para ayudar directamente a las víctimas. Pero ese papel le corresponde al Estado: dar compensaciones económicas, llevar educación y salud a las comunidades andinas afectadas, cuyo retraso fue caldo de cultivo para la aparición de Sendero Luminoso, el MRTA, entre otros grupos guerrilleros. Eso no se puede hacer con dinero donado.
El presidente reconoció que tanto el Ejército como los terroristas asesinaron gente, pero, a juzgar por sus acciones políticas, parece que quisiera que nadie se acuerde de ello.
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