La ministra de la Corte de Justicia de la Nación Carmen Argibay dijo en Mendoza que "la Constitución Argentina no permite la pena de muerte" y subrayó que "cuando se empieza a pedir la pena de muerte lo que se está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional".
"Ninguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia en este momento puede apoyar de ninguna manera la pena de muerte, porque nosotros somos respetuosos de las leyes, hemos jurado respetar la Constitución", afirmó la magistrada.
Argibay participó en Mendoza de la inauguración del año judicial en la provincia y en conferencia de prensa recordó que en la Carta Magna "nosotros tenemos incorporado el Pacto de San José de Costa Rica que impide que se ponga la pena de muerte en un país donde no existe la pena de muerte".
"Nosotros no vamos a ir nunca en contra de nuestra Constitución" la cual "no permite la pena de muerte, no es una pena previsible y posible en la República Argentina" y que cuando alguien empieza a pedir la pena de muerte "lo que está pidiendo es que se viole la Constitución Nacional", sostuvo.
Polémica tras los nuevos asesinatos
Los asesinatos cometidos en las últimas semanas en Buenos Aires y otras ciudades argentinas han desatado una nueva polémica sobre la aplicación de la pena de muerte y preocupado a los ciudadanos, que iniciaron una serie de movilizaciones en demanda de medidas contra la inseguridad.
El asesinato de tres policías en la provincia de Buenos Aires con pocos días de diferencia, a finales de febrero, encendió las luces de alarma y sacudió a la opinión pública.
El jefe del gabinete de ministros, Sergio Massa, admitió que "es cierto que hay que exigirle resultados a la policía y también hay que exigirle resultados a la Justicia".
"No hay policía que alcance si cuando el tipo entra a la comisaría siente que el fiscal no va a actuar como corresponde o el juez lo va a liberar", declaró a la radio Mitre.
La tensión por la inseguridad se recrudeció la pasada semana cuando la popular presentadora de televisión Susana Giménez abrió una polémica sobre la aplicación de la pena de muerte tras el asesinato de uno de sus colaboradores, que fue atado de pies y manos por sus agresores y lanzado a una piscina donde murió ahogado.
"Termínenla con la estupidez de los derechos humanos. El que mata debe morir", dijo Giménez, quien posteriormente aclaró que no está a favor de la pena de muerte.
Sus declaraciones provocaron un aluvión de críticas, tanto del Gobierno como de distintos sectores sociales, y la presentadora tuvo que matizar más de una vez sus comentarios.
Cuando parecía que se rebajaba el debate, el asesinato en la noche del martes de un profesor de educación física que fue disparado en el rostro por tres delincuentes que robaron su camioneta volvió a encender la controversia.
El popular cantante Roberto Sánchez, conocido como Sandro, justificó el miércoles las declaraciones de Susana Giménez con una frase lapidaria: "El que diga que Susana estuvo mal que se corte un dedo de la mano"."¿Por qué tenemos que ser hipócritas?".
La reacción no se hizo esperar y hasta la presidenta argentina, Cristina Fernández, entró en el debate para admitir su preocupación.
"El empleo tiene mucho que ver con el tema que tanto nos preocupa a los argentinos, que es la seguridad", dijo durante un acto público
En este clima de alarma social, especialmente delicado en un año electoral como el que vive el país organizaciones ciudadanas optaron por convocar movilizaciones vecinales en demanda de soluciones al problema.
"Si a la hora de la condena la sensación que queda es que hay permanentemente un criterio de liberar, de no condenar, se produce sensación de impunidad", comentó Massa.
Las declaraciones del jefe de gabinete no deben haber gustado demasiado a los jueces argentinos, que han denunciado con insistencia los obstáculos que encuentran para desarrollar su trabajo.
El sistema penal argentino "vive un momento catastrófico debido a que, por las constantes modificaciones, hoy no hay Código Penal", afirmó el ministro de la Coste Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni al diario La Nación.
"Si hoy preguntaran cuál es la pena máxima en el país, se podría contestar que es la prisión perpetua, o 50 años de prisión, o 37 y medio o 25, y para cualquier respuesta habría una parte del Código que la respalde", se lamentó.
El magistrado cargó también contra los medios de comunicación que, afirmó, "bombardean con noticias rojas y crean una realidad en la que el enemigo principal es la inseguridad urbana".
Las declaraciones de Zaffaroni se producen apenas unos días después de que, en un hecho insólito, 80 jueces hicieran público un documento en el que alertaban sobre un aumento "sin precedentes" de la venta de drogas y denunciaban que, en muchos casos, los narcotraficantes cuentan con protección "política, administrativa y judicial".
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