Llama a resistencia frente a extracción minera

El viceministro ecuatoriano de Minas y Petróleo, José Serrano, anunció en un foro minero en Canadá que, tras superar las diligencias necesarias para aprobar la nueva ley minera, se reanudará la actividad extractiva en el país y recaerá sobre territorios indígenas, denunció Santi.

"La ampliación de la frontera minera en Ecuador ha sido un proceso no consultado con los pueblos y nacionalidades indígenas", dijo en una rueda de prensa.
Por ello, Santi convocó "a la sociedad civil y a la sociedad indígena" para que sus derechos "no sean pisoteados por intereses de las empresas trasnacionales".

Avisó además de que "cualquier proceso de intervención en territorios indígenas de parte de las trasnacionales será respondido".

"La resistencia será el primer papel del movimiento indígena", declaró Santi, quien añadió que, además de las acciones de protesta, las 14 nacionalidades y los 18 pueblos indígenas de Ecuador tramitarán "demandas de inconstitucionalidad en el país y en organismos internacionales".

"Este Gobierno ha entregado nuestros territorios a las trasnacionales y estas, a la vez, en el futuro, provocarán fuertes violaciones a la vida, a la estabilidad social, cultural y política del movimiento indígena y sus nacionalidades", lamentó Santi.

La elaboración y aprobación el pasado enero de la nueva ley minera levantó polémica entre los grupos indígenas y ecologistas, que la rechazan por considerar que favorece a las grandes mineras frente a la actividad artesanal y que amenaza al medio ambiente.

Sin embargo, por parte del Gobierno que preside Rafael Correa se argumenta que el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país y que la citada ley protege la naturaleza.

Por otra parte, Santi también hizo referencia a la situación en el norte de la Amazonía por la ruptura de una tubería del Oleoducto de Crudos Pesados que provocó, el pasado 25 de febrero, un derrame de 14.000 barriles de petróleo.
Santi anunció que la Conaie y organizaciones indígenas del sector afectado preparan demandas contra OCP Ecuador, la empresa encargada de la gestión del oleoducto, y reiteró que exigen al Gobierno una asistencia urgente.

"El movimiento indígena en toda su dimensión está presente, vigilante y respondiendo frente a la flagrante violación a sus derechos", enfatizó.