11-M. Cinco años después (III): Las víctimas

Los atentados del 11 de marzo supusieron para las familias de los 191 fallecidos y los 1.858 heridos comenzar batallas personales, jurídicas, sanitarias, laborales y sociales en las que no han encontrado demasiada ayuda. En este lustro han tenido que superar muchas barreras y cada vez se sienten más solos. "No sólo somos el 11 de marzo. Cada día tenemos que sacar nuestras vidas adelante. Vamos a ser víctimas de por vida y no nos han dado gran parte de la ayuda que nos prometieron". La que habla es Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

"Nadie nos ha llamado ni siquiera para hacer un acto 'in memoriam' de nuestros familiares. Las fotos de ocasión ya pasaron y a los políticos ya no les interesa. Ya no ruego que lo hagan, pero creo que me merezco la dignidad de recordar y por eso organizamos un acto austero con las personas a las que esto nos importa", aporta Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

En el ámbito jurídico, ambas asociaciones consideran que hay muchos flecos todavía por cerrar. Declaraciones confusas, otras no realizadas que se consideran necesarias, negligencias no contempladas, vetos en el acceso al sumario, en algunos casos particulares... Aunque disienten en la visión de la sentencia, en algunos procedimientos y condenas, las dos presidentas coinciden en que el régimen de indemnización establecido por el juez es francamente mejorable.

Categorías de daño
Javier Gómez Bermúdez estableció doce categorías de afectados para medir las ayudas a recibir basándose en los partes médicos iniciales de la investigación. Las asociaciones critican que no se haya hecho un análisis personalizado posterior de cada caso que evalúe las verdaderas secuelas del atentado. Si lo hubieran hecho, se habrían dado cuenta de que la situación es mucho más dramática: "Hay que pelear cada ayuda a diario. No tenemos a ninguna víctima que mejore. No puede ser que tras cinco años racaneen una prótesis dental a una persona que le han destrozado toda la dentadura o para arreglar un muñón aludiendo a que sus motivos son estéticos, o a una niña le nieguen un colchón cervical después de recibir daños en la columna". Y añade: "A veces deseo que hubiese sido ETA el autor del atentado, así nos tratarían mejor", comenta Manjón.

Domínguez apostilla: "Me siento un número, no una persona. Las empresas de seguros han valorado los daños de las víctimas del 11-M como si fueran pólizas de automóvil. Deberían hacer estudios personalizados para entregar las indemnizaciones. La inmensa mayoría de las víctimas ni siquiera las han cobrado aún -el 78 por ciento estaba en esta situación hace dos años-. Es indigno".

Bajas por enfermedad
También explican que a nivel laboral las víctimas siguen teniendo severos problemas. Muchas de las bajas por enfermedad se han medido desde las empresas de forma poco solidaria con las víctimas. A la propia Domínguez le computaron tan sólo 173 días de baja cuando estuvo inactiva 532. "Otros no podrán trabajar nunca más y en sus trabajos les han calculado incapacidades de menor graduación a las que tienen en realidad", dice Domínguez.

La asociación de Manjón acordó con la Comunidad de Madrid un plan de formación y empleo real para las víctimas, pero quedó, según la presidenta de esta asociación, en papel mojado. "La Comunidad nos ha cerrado la puerta. No nos ha dado ni un euro. Los empleos que nos ofrecen son de una cualificación muy baja y a la mayoría no los quieren contratar en otros trabajos. Sobre todo, a los afectados inmigrantes. Además, sólo conseguimos subvenciones concursando en el Ministerio de Trabajo en proyectos sociales. Con ellos estamos pagando para que la gente coma y alquile una cama. Para desarrollar proyectos de ayuda a los niños que quedaron huérfanos o a las víctimas que tienen problemas psicológicos y físicos", comenta Manjón. Estas carencias han provocado que las dos asociaciones hayan desarrollado algunos servicios para los afectados de apoyo psicosocial, legal y administrativo.

Incapacidad absoluta
Según un informe realizado por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Comunidad de Madrid, entre otros datos, se explica cómo, a los 36 meses del atentado, el 9,1 por ciento de las víctimas presentaban gran invalidez, otro 9,1 incapacidad absoluta, un 22,7 por ciento incapacidad total y un 59,1 por ciento de incapacidad parcial. Los principales problemas de salud eran auditivos (59,3 por ciento de las víctimas), psicológicos (50,4 por ciento), neurológicas (9,4 por ciento), quemaduras (7,1 por ciento) y traumatismos (4,4 por ciento). La mayor parte de los afectados no estaban contentos con la baremación de sus heridas y el 57,6 por ciento necesitó apoyo psicosocial por dificultades de convivencia. Sólo el 62,9 por ciento de los afectados trabajadores seguía activo y el 49 por ciento de las bajas se habían producido en los 36 meses siguientes. El documento también explica cómo el 11-M afectó considerablemente a la economía de la mayor parte de las familias en cuestión de bajas laborales, pago de médicos y gastos ordinarios.

Sin embargo, es a nivel personal donde el problema es más profundo. Miedo a coger trenes, enfermedades mentales, daños físicos y soledad, mucha soledad. Los afectados piensan que la sociedad ya no se acuerda o no quiere acordarse de ellos. "No pueden dar carpetazo sin más a lo que hemos pasado. Podrían haber hecho las cosas mejor si hubiesen pensado lo que sentimos. No nos han dado la posibilidad de saber toda la verdad. Espero que con el tiempo, la gente tenga remordimientos de la situación que sufrimos y de cómo se han hecho las cosas y no le vuelva a ocurrir a nadie más", dice Domínguez. Manjón se siente engañada y cansada. Concluye: "Tenemos que seguir luchando. Pedimos que los delitos de terrorismo no prescriban. Que no se olviden que las víctimas, cada día, tenemos que vivir. Hemos pedido ayuda pero hemos avanzado poco. Nunca pensé que sería tan difícil".