Las investigaciones concluyen que los hermanos Jefferson, Édison y Miguel Ostaiza Amay, son supuestos autores del delito de tenencia y posesión ilícita de estupefacientes.
Pues, “concertaron y conformaron” una organización ilegal que se encargó del acopio y la custodia de las 4,8 toneladas de cocaína que fueron encontradas el 15 de septiembre del 2008 en una finca del sector Campanita, del cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.
Los mismos cargos fueron para Wilson Díaz Rodríguez, Jorge Muñoz Calderón, Rodolfo Amburgo Coloma, José Olave Matamba, Jesús Enríquez Rivera; y Doris y Adolfo Riascos Enríquez.
Mientras que, el ex subsecretario de coordinación política del Ministerio de Gobierno, Ignacio Chauvín; los capitanes de Policía Pablo Córdova Coronel y Jefferson Navarro Aguirre; el policía Eduardo Zambrano Minaya; y otras 9 personas más, fueron señalados como sus cómplices.
En tanto, Diego Benítez Osejo, compañero de Chauvín en la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), fue acusado de encubridor junto a Zoila Barragán Romero y Juan Del Castillo Vallejo.
Solórzano se abstuvo de acusar a Tatiana Durán Jaramillo, Jhonny Zavala Moreira y Mesías Morales Rivera, porque ‘se han desvanecidos los indicios que motivaron su imputación’. Solicitó que sean liberados.
El dictamen fiscal, junto a los 70 cuerpos que lleva acumulado ese juicio, fue entregado a las 10:49 de hoy en la ventanilla del Juzgado Cuarto de lo Penal del Guayas, por Mario Cadena, secretario del fiscal Solórzano.
Está compuesto de 255 páginas en las que se detallan los argumentos que sirvieron a la Fiscalía para responsabilizar a los imputados del delito.
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