Con la llegada de una nueva gestión presidencial al mando de Barack Obama, los Estados Unidos no solamente tienen desafíos específicos para superar una grave crisis económica de desempleo y caos financiero, sino también la necesidad de reorientar por completo su política exterior. En este caso, la retirada progresiva de las tropas de Irak representa un factor que no requiere demasiadas previsiones porque desde el punto de vista militar, los objetivos parecen haberse alcanzado: en primer lugar, se obtuvo el derrocamiento del dictador Sadam Hussein; en segundo lugar se logró controlar la insurgencia urbana con el propósito de fomentar acuerdos parlamentarios que garanticen las elecciones democráticas con regularidad y, sobre todo, Estados Unidos está comprobando que el restablecimiento del orden interno en Irak radica en la salida de todas las fuerzas militares de ocupación para dejar que autónomamente puedan reconstruirse diferentes coaliciones o pactos estratégicos entre los grupos étnicos y partidos políticos.
Lo que el gobierno de Obama todavía no está en condiciones de responder es cómo los Estados Unidos van a reconciliarse con el mundo entero a partir del restablecimiento de valores universales como la protección de los derechos humanos, el ejercicio pleno del derecho a las libertades religiosas, así como está pendiente un compromiso para dejar de lado la tortura como el método para combatir el espionaje y la guerra global contra el terrorismo. La administración Obama heredó un conflicto de escala mundial que se relaciona con el absurdo regreso a aquellos patrones de la Edad Media donde se utilizaba la tortura con el propósito de reclamar soberanía y legitimidad política para reivindicar la defensa de un país contra las agresiones externas. Curiosamente, Estados Unidos destruyó su credibilidad internacional como modelo democrático, al confundir la guerra contra el terrorismo con la abdicación de los valores universales que brotan de la democracia moderna, fortaleciendo únicamente las justificaciones militares para atropellar todo tipo de derechos, inclusive al interior de su propio país.
El gobierno de Barack Obama no está dando señales decisivas para cerrar Guantánamo y probablemente continúe malinterpretando las prerrogativas que tiene el uso de la violencia, frente a las amenazas de un ataque terrorista. En el fondo, la doctrina de los derechos humanos y las garantías constitucionales de una democracia liberal, continúan siendo instrumentalizadas por la racionalidad política de las élites militares que han decidido vincular directamente la legitimidad del presidente con la lucha en contra de un enemigo internacional como el terrorismo de Al Qaeda. Mientras la sociedad estadounidense siga pensando que se encuentra bajo una amenaza constante y exija una autoridad protectora, el presidencialismo de los Estados Unidos proseguirá con la violación sistemática de los derechos humanos, ganando, simultáneamente, apoyo electoral.
Después de la desaparición del Muro de Berlín en 1989 y el desmoronamiento de la Unión Soviética junto con los regímenes del socialismo de Europa del Este en 1991, se pensó que la mejor combinación entre libertades políticas y la capacidad para elegir un gobierno por voluntad popular era el sistema democrático. Además, la democracia incorporaba valores adicionales que los gobiernos socialistas autoritarios no tenían: libertad de cultos como expresión espiritual que permite entender el mundo en una magnitud diferente al materialismo, libertad de asociación para constituir alternativas políticas por medio de diferentes organizaciones y partidos, así como un conjunto de garantías para proclamar libremente todo tipo de manifestaciones éticas, estéticas y científicas. El mundo entero celebraba el nacimiento de una nueva práctica en la década de los años noventa: la experiencia de la libertad que ponía en mutua determinación y correlación a la democracia y los derechos humanos como doctrina universal sin distinción de culturas, países o pasado histórico.
La democracia de los países industriales de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá e inclusive Australia, se presentaba como la comprobación irrefutable de estabilidad política, prosperidad económica y, sobre todo, como el escenario por excelencia para la protección de los derechos humanos. Éstos alcanzaban un estatus prestigioso en las cartas constitucionales, escritas o consuetudinarias, que reconocían libertades plenas sin represión y con el aditamento del derecho a no ser oprimido por el propio Estado o por las estructuras convencionales y funcionales de la sociedad.
Si bien todos tenemos un papel que cumplir y un lugar que ocupar asignado por las estructuras sociales, la democracia y los derechos humanos surgían como la feliz simbiosis para proyectar una individualidad plena de ciudadanía, es decir, el derecho a tener múltiples derechos, así como fortalecer la sociedad civil entendida como la libre organización de iniciativas en diferentes clases sociales y visiones culturales, frente a cualquier abuso proveniente del Estado, concebido como el conjunto de instituciones que gozan del ejercicio monopólico del poder y la violencia con el control de la policía y las fuerzas armadas. Con la democracia, la represión estatal tiene límites y con los derechos humanos, el ejercicio del poder político y la violencia deben siempre estar sujetos a la Constitución para restringir cualquier exceso o tentación autoritaria.
La gran lección democrática de los derechos humanos tiene dos dimensiones. Por un lado se encuentra una ética universal donde todos los hombres y mujeres somos inviolables debido a nuestra cualidad humana; incluso si alguna persona cometiera un delito, el delincuente tiene derecho a un proceso judicial donde se compruebe su culpabilidad y se le dé la oportunidad de rectificar los daños de su conducta delincuencial cumpliendo una sentencia y gozando del derecho a reinsertarse en la sociedad. Por otro lado, los derechos humanos recuerdan que las instituciones políticas deben garantizar dichos derechos. La garantía de un derecho queda establecida mediante otra norma que instituye mecanismos destinados a prevenir la violación de los derechos. Una garantía es una protección y las garantías constitucionales equivalen a establecer barreras interpuestas entre el poder estatal y la libertad de los ciudadanos. Esta red de garantías funciona mejor al interior de una democracia que reconoce precisamente un Estado de derechos.
Estados Unidos desencadenó una crisis que atenta los derechos humanos desde la invasión a Irak el año 2003. La amenaza de un ataque similar al 11 de septiembre en Nueva York y Washington D.C. hizo que el gobierno del ex presidente George W. Bush utilice la represión indiscriminada para combatir un terrorismo que se convierte en un actor no estatal. Estados Unidos entiende la guerra como el instrumento más eficaz para derrotar al terrorismo pero a condición de agredir múltiples soberanías estatales. La soberanía estadounidense se coloca en un espacio político donde el Estado de derecho desaparece para reproducir la violencia mientras quede comprobada una guerra internacional en la cual el terrorismo sobrepasa varios Estados del mundo.
Esta red de miedos frente al terrorismo fomenta la defensa militar de los Estados más fuertes, marginalizando los derechos de los Estados más débiles y, por lo tanto, inhabilitando el funcionamiento de los equilibrios democráticos con la participación de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Estados Unidos junto a sus aliados en Irak y Afganistán han endurecido la violencia estatal, para lo cual no hay justificación política desde la teoría de los derechos humanos.
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