Francisco Granados acusa Alfredo Prada y a los ex consejeros de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón de mentir a la Asamblea de Madrid. En el broche final de la comisión de investigación por el caso de los espías -que este miércoles quedó cerrada de forma oficial con los votos del PP- el actual consejero de Interior aseguró que no sólo Virgilio Cano, Carlos Mayor y Pedro Calvo faltaron a la verdad, sino que su ex compañero en el Ejecutivo de Esperanza Aguirre también lo hizo por corroborar que sus viajes y actos coincidían con los partes de vigilancia realizados supuestamente por los espías.
En una comparecencia de altísimo voltaje con cruces de insultos, con fuertes reproches al PSOE por
ausentarse de los actos del 11-M y con la palabra "mentira" como la mas repetida, el consejero se lanzó al ataque acusando a la oposición de "mentir, insidiar y calumniar" y retando a sus portavoces a demostrar "con pruebas" alguna vinculación con los supuestos equipos de espías: "Si no, tendrán que pedirme disculpas por decir que he mentido en sede parlamentaria [...] Yo no miento nunca".

Granados puso sobre la mesa algunos de los documentos que ya había mostrado el grupo del Partido Popular y que la oposición denunció
no se han puesto a su alcance o han llegado tarde. Entre ellos están el acuerdo del Gobierno de Joaquín Lequina autorizando a portar armas a los miembros de la dirección de Seguridad que vigilaban las sedes regionales; facturas de compras de cámaras de fotos de la época de Leguina; los convenios colectivos que contienen entre las funciones generales la "vigilancia de personas"; diplomas formativos; un informe de avanzadas y contravigilancias así como imágenes de técnicos realizando esas funciones en la época de Alberto Ruiz Gallardón como presidente. Todo ellos sirvieron a Granados para negar la mayor: no se ha creado ningún servicio de espionaje.
Cano, Mayor, Calvo y Prada mintieron
El consejero acusó abiertamente de mentir a
Virgilio Cano,
Carlos Mayor y
Pedro Calvo cuando negaron tajantemente realizar funciones que no están en el Estatuto de Autonomía, y sentenció que no hemos hecho funciones que no se hubieran hecho con los gobiernos de Gallardón: "Alguien ha mentido, ustedes verán", dijo, aunque no aclaró a PSOE e IU si esas tareas son legales y están dentro de las permitidas por el Estatuto de Autonomía. También mintió según Granados su ex compañero Alfredo Prada cuando este aseguró que los datos de sus seguimientos coincidían con los informes publicados por El País: "Cuando alguien dice que su agenda coincide con los falsos partes miente, y supongo que si un medio de comunicación dice que se lo ha dicho -Prada al diario de Prisa- lo podrá acreditar. Yo estoy seguro de que se lo ha dicho".
Granados, corroborando que la comisión estaba en sus últimas horas, repitió
como su viceconsejero que los partes son falsos (errores de fechas y situación, las
distintas pruebas caligráficas) y que si "dos personas sueltas, dos asesores de seguridad del consejero (
Sergio Gamón y
Marcos Peña) sin nadie a su cargo y sin presupuesto son una estructura, Zapatero tiene 600 estructuras en la Moncloa". Acusó por último a PSOE e IU de dar matrículas de vehículos policiales, direcciones y nombres de personas pertenecientes a los equipos de seguridad "poniendo en riesgo la vida de la gente".
Adiós definitivo
Una vez concluida su comparecencia, la mesa y portavoces de la comisión se reunieron y el voto mayoritario del PP aprobó el
anunciado cierre definitivo de los trabajos de la comisión, fijando para el próximo lunes el plazo máximo de presentación de los dictámenes de conclusiones y para el día 18 su debate y posterior aprobación en el pleno de la Asamblea. Esta irá como último punto del día "justo antes de un puente, en aras a la transparencia que quiere el PP" ironizó la portavoz del PSOE, Maru Menéndez. Para ella y para Inés Sabanés, portavoz de IU, el fin de la comisión supone la consumación de los "bloqueos", la "censura y el "boicot" del PP a las peticiones de documentación y comparecencias, pero no a su labor de control parlamentario: "No nos van a callar". Aseguraron que lo realizado bajo las "órdenes directas" de Esperanza Aguirre es un "atentado a la democracia" ya que ni si quiera se ha permitido declarar a los propios miembros del PP espiados -
Cobo,
Prada y la diputada Carmen Rodríguez Flores entre ellos- o que querían hacerlo como Alberto Ruiz Gallardón.

Denunciaron que los espionajes y los partes "existen" (estos últimos en manos de la Fiscalía), al igual que las "mentiras" del consejero según el diario de sesiones, las contradicciones entre los subordinados de Granados en la Consejería de Interior, el "desmadre" de las agendas de los consejeros, el robo de los ordenadores en el Campus de la Justicia y las filtraciones que le acusaron de hacer al diario El Mundo con documentos internos de la consejería para refutar los partes de El País. Para ambas todo sigue sobre la mesa y por ello pedirán cuantas comparecencias y documentación sea necesaria -incluida la que este miércoles puso el compareciente sobre la mesa y que "ya tenía el PP desde la semana pasada"- para seguir investigando dentro de la Asamblea de Madrid. "Los madrileños se lo merecen", sentenciaron.
Según David Pérez, portavoz del Partido Popular, "de las declaraciones juradas de los comparecientes y del análisis de la documentación ha quedado probado que no ha habido responsabilidades por el espionaje porque no ha habido espionaje". A pesar de los cabos sueltos que se mantienen según la oposición, certificó que esta "no es la conclusión del PP, sino lo que han podido ver todos los madrileños".