Aguirre promete una ley para solucionar la ilegalidad de la Cañada Real

Aguirre anunció en los pasillos de la Asamblea que se propone "buscar una solución consensuada a través de un proyecto de ley y si es necesario habilitar los meses de julio y agosto para que la Asamblea lo debata y le dé una solución el próximo mes de septiembre". Para ello, y según explicó a continuación en el hemiciclo, ha encargado un estudio que repasa la historia de esta vía pecuaria y trata de esclarecer qué parte es terreno protegido, qué parte corresponde a titularidad pública y si existen parcelas de propiedad privada que en su día el Ministerio de Agricultura traspasó a los propietarios. Se haría, además, "escuchando a todos los implicados, incluidos los vecinos".

En concreto, el informe de la Consejería de Medio Ambiente explica que la vía pecuaria de la Cañada "se fue estrechando con los años y ahora hay terrenos construidos que creíamnos de dominio público pero, debido a su edificación y ocupación pacífica durante años, se han convertido en terreno patrimonial". El problema, continuó durante una entrevista posterior para la cadena COPE, "se ha generado porque no creíamos que los vecinos pudieran establecerse en un terreno de dominio público".

Un 'barrio' de 50.000 habitantes
En la actualidad la Cañada Real es una franja de 15 kilómetros de largo, con más de 1.700 viviendas y construcciones donde viven en torno a 50.000 personas. Incluye en su área desde núcleos chabolistas hasta aunténticas urbanizaciones de ladrillo construidas fuera de la ley, que cuentan incluso con luz y canalizaciones de agua, en su mayoría construidas y financiadas por los propios vecinos o, en el caso de la electricidad, 'enganchadas' a la red.

Como admitió la propia Esperanza Aguirre, constituye un auténtico problema social, de seguridad (dado que proliferan el tráfico de armas y de drogas) y educativo que permanece olvidado y sin solucionar por disputas entre el Estado, la Comunidad y los distintos ayuntamientos desde hace más de 40 años. El problema solo sale a luz cuando, como viene ocurriendo en los últimos dos años, se acometen derribos de viviendas con órdenes municipales más o menos notificadas o cuando las terribles inundaciones que afectaron especialmente al Corredor del Henares provocaron una crisis social y sanitaria en la zona más vulnerable, la del poblado chabolista del 'Gallinero'.

Un problema 'de todos y de nadie'
Hasta ahora, en la zona ya han actuado recursos municipales, organizaciones sin ánimo de lucro -como El Fanal o la parroquia de Santo Domingo de la Calzada- y de las consejerías de Empleo y Mujer, Asuntos Sociales, Sanidad y Educación. Esta última consejería tomaron la decisión, hace apenas unos meses, de escolarizar a 141 menores de la zona del 'Gallinero' en un centro específico para ellos. Se trata, en todo caso, de un problema que atañe a siete administraciones (Gobierno central, regional y cinco ayuntamientos). Sin embargo, todos se pasan la 'patata caliente' sin asumir la situación. Los consistorios esperan que la Comunidad tome la iniciativa de crear una mesa de discusión para buscar soluciones; el Gobierno regional, hasta ahora, alegaba que era un problema principalmente municipal (por la responsabilidad urbanística) y nacional (por su responsabilidad en materia de seguridad).

Fuentes del Ministerio de Vivienda explicaron a Madridiario que el Gobierno regional no se ha puesto en contacto con ellos para intervenir en el problema. Añadieron que, al menos, a nivel urbanístico,  la responsabilidad es regional y que el Gobierno solo puede actuar como apoyo a la erradicación del chabolismo a través del Plan Estatal de Vivienda, aunque el gestor de los recursos sería el Ejecutivo que dirige Esperanza Aguirre.

¿Por qué no se hizo antes?
La promesa la hizo Aguirre sabiendo que en la tribuna de invitados de la Asamblea estaban presentes el alcalde y la corporación de Rivas Vaciamadrid, invitados por el grupo de Izquierda Unida. Su portavoz, Inés Sabanés, fue quien preguntó a la presidenta por la cuestión de la Cañanada reprochándole que el Ejecutivo llevaba "meses" sin querer reunirse o escuchar las reivindicaciones del municipio.

Sabanés se declaró a favor de encontrar una vía de salida, pero cuestionó a Aguirre por qué ha dejado pasar dos legislaturas para acometerlo y por qué el consejero de Interior, Francisco Granados, no ha cumplido su promesa de crear un grupo de trabajo para encontrar esa solución. Le preguntó además si "de verdad cree usted que será capaz de ponerse de acuerdo, tal y como está la situación -en referencia al espionaje-, con el señor Gallardón" para acabar con "el mayor drama humano que la Comunidad ha tenido". "Cada vez es usted más presidenta del PP y menos de los madrileños", sentenció.

Por el momento, el Consistorio que encabeza Alberto Ruiz Gallardón no se ha pronunciado, pero los portavoces municipales de Urbanismo de PSOE e IU, Pedro Sánchez y Ángel Pérez respectivamente, señalaron que "ya era hora" de que la Comunidad propusiese una solución y que para que esta se ponga en práctica se deberá crear un consorcio entre todos los afectados, incluidos los vecinos, "no que legisle Esperanza Aguirre en la Cañada" señaló Pérez.