Ceremonia (deliberada) de la confusión

Que si espionajes políticos en Madrid, que si el caso Gürtel, que si las trapisondas del conseguidor Francisco Correa, que si el juez Baltasar Garzón,… La clase política española anda muy entretenida con estos dimes y diretes, muchos de los cuales luego no llegan a sustanciarse judicialmente.

En un pimpampum no sé si muy equitativo, pero sí con visos de generalización, las presuntas corrupciones no sólo afectan a alcaldes del PP, como Arturo González Panero, ex de Boadilla del Monte, sino a sus homólogos del PSOE, como José Manuel Martín, edil de Alcaucín y nada desdeñable cantaor de flamenco.

A cada supuesta corruptela revelada, se sucede otra en dirección contraria. Por ejemplo: si se atribuye a Francisco Camps la aceptación de unos trajes a medida, nos enteramos en seguida de que el alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, habría pagado parte de su campaña partidista con dinero público.

Estas agarradas de pelo dialécticas, por caracterizarlas de algún modo, no suelen llegar a más la mayoría de las veces, pues luego los políticos enfrentados se amigan tomándose unos chupitos a costa del contribuyente.

Por usar una metáfora cinegética, actividad que tanto se lleva ahora tras la última montería de Fernández Bermejo, todos estos sucesos me recuerdan al tiro a pichón, actividad nada peligrosa salvo para las pobres aves, por supuesto, que son arrojadas, inermes, ante las ansiosas escopetas de sus matarifes. En eso, precisamente, consisten estas corruptelas de tres al cuarto, que acaban por pagar siempre personajes de segunda fila. Pero, ¿y la financiación ilegal de los partidos políticos?

Eso, en cambio, es caza mayor, con el riesgo que comporta para sus practicantes. Veamos, si no. ¿Por qué nunca se investigó aquella insinuación pública de Pasqual Maragall de que CiU se financiaba con una mordida generalizada del 3 por ciento? ¿O por qué nadie averiguó la causa de que una entidad financiera condonase al PSC una deuda de 6,7 millones de euros?

Son dos ejemplos, entre otros muchos, de que los árboles de pequeñas corrupciones impiden ver el bosque de una posible corrupción más general.

Mientras tanto, los políticos continúan con sus aspavientos, muchas veces interponiéndose inútiles demandas, como la de Fernández de la Vega contra González Pons, en defensa de su honor por los rifirrafes dialécticos surgidos tras haberse empadronado la vicepresidenta en Beneixida.

Ya ven qué asunto de tan trascendente interés ciudadano. Como si los tribunales no tuvieran ya suficientes líos y su colapso no fuese total. Pero, claro, eso se trata sólo de un eslabón más de esa sutil cadena de la confusión con la que parecen querer inmovilizarnos.