Se le vino la noche. La justicia peruana decidió abrir un proceso penal contra el ex candidato presidencial y actual líder de la oposición, Ollanta Humala, por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos cuando dirigía la base contrasubersiva de Madre Mía en la selva peruana en 1992. Humala, ex militar en retiro, está impedido de salir del país y sus bienes serán embargados preventivamente. Su abogado calificó la medida como "un abuso", mientras que sus partidarios afirmaron que el oficialista partido aprista quiere acabar él.
Ollanta Humala será procesado en el Cuarto Juzgado Supraprovincial de Lima por los delitos de desaparición forzada, asesinato y lesiones graves, informó el Poder Judicial a través de una nota de prensa.
La jueza Miluska Cano determinó, además, el impedimento de salida del país del ex candidato presidencial, el embargo preventivo de sus bienes y el pago de una caución de 20 mil soles, a fin de garantizar su permanencia durante el desarrollo del proceso.
"Si el procesado incumple alguna de las restricciones previstas por la judicatura, la legislación nos faculta a imponer una medida cautelar de mayor gravedad", advirtió la magistrada, que tomó la decisión tras considerar como válidos los argumentos de la denuncia presentada por el Fiscal de la provincia de Tocache (departamento de San Martín), Arturo Campos.
La acusación se basa en los testimonios del testigo Jorge Ávila y de dos militares cuyas identidades se mantienen en reserva. Ellos acusaron a Humala de la desaparición forzada, tortura, asesinato y tentativa de asesinato contra los hermanos Jorge y Natividad Ávila Rivera y Benigno Sullca Castro.
Ávila también declaró que el ex candidato lo torturó y trató de asesinarlo en 1992, cuando, como teniente coronel del Ejército Peruano, estuvo al mando de la base contrasubersiva Madre Mía. Entonces el nacionalista se escudaba en la falsa identidad de 'Capitán Carlos'.
Las denuncias se conocieron desde la década pasada, pero salieron a la luz este año en plena campaña electoral cuando familiares de las víctimas afirmaron reconocer en el líder nacionalista al autor de los crímenes. En una entrevista con la BBC Humala reconoció que cuando combatía al terrorismo en la selva ese año su apelativo era 'capitán Carlos, pero se defendió señalando que había otros militares que tenían el mismo apodo.
Contra Humala también hay acusaciones por casos de abusos, pero el de los Sullca-Avila es en el que más se logró avanzar hasta ahora con la colaboración de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Asociación Proderechos Humanos (Aprodeh). La sección peruana de Amnistía Internacional también consideró que había indicios para acusar al entonces candidato.
Rechazan acusaciones
Carlos Escobar, abogado de Humala, afirmó que "abrir proceso a mi patrocinado sobre la base de la denuncia del fiscal de Tocache, es un tremendo abuso del derecho, debido a que en ese documento no hay un solo indicio sólido que sustente la acusación de violación de derechos humanos". El letrado también se quejó porque no fue notificado al respecto y tuvo que enterarse por la prensa.
El legislador nacionalista Daniel Abugattás fue más directo y afirmó que la denuncia forma parte de una "campaña de demolición" para desaparecer al Partido Nacionalista Peruano. Asimismo acusó a la jueza Cano de estar "obedeciendo órdenes" del oficialista partido aprista.
En respuesta, el congresista de las filas del aprismo, César Zumaeta, indicó que la denuncia de Abugattás "no tiene sustento", y señaló que en el Gobierno hay "absoluto respeto a la independencia de poderes". Asimismo criticó a Humala porque "hasta hoy no acepta que ha sido derrotado en la segunda vuelta electoral".
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