La gerenta del Banco Central ha revelado el temor de que el año 2009 cierre, para el Ecuador, con un déficit de la balanza comercial de $2 500 millones. Según la funcionaria, el comercio se reduciría en un 20% en relación con el año anterior. Las exportaciones caerían en un 39% y las importaciones, en 21,8%. Lo más grave es el déficit previsto para la balanza comercial no petrolera que llegaría a más de $7 000 millones.
Todo ello a pesar de las restricciones impuestas semanas atrás por el Gobierno al ingreso de 650 productos. El panorama se torna más sombrío si, al desequilibrio comercial, se añaden la caída de las remesas que envían los ecuatorianos desde el exterior, más las dificultades para contar con crédito, no solo por la crisis económica internacional, sino por la decisión gubernamental de no pago de tramos de la deuda externa.
Una situación como la descrita exige rectificaciones por parte del Gobierno en la conducción económica. La exacerbada confrontación política, el discurso contra el sector privado y la inseguridad jurídica han reducido la inversión extranjera. No hay una política comercial propositiva; por prejuicios ideológicos, a diferencia de lo que acontece en los países vecinos, se ha cerrado el Gobierno a la apertura comercial del mercado con los Estados Unidos, al que se dirige más del 40% de las exportaciones del país.
El Gobierno supone que el Estado tiene que asumir el papel protagónico para el desarrollo de la economía, sin considerar que el aparato burocrático carga una debilidad crónica para ejecutar la inversión pública que, ahora, por fuerza de la caída de los precios del crudo, deberá recortar. Por supuesto, es importante la inversión estatal, pero sin desalentar la función esencial del sector productivo privado. El diálogo y la coordinación entre los sectores público y privado son una condición necesaria para afrontar en conjunto la difícil situación.
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