Mil farmacias recurren ante el Supremo el decreto de Mutualidades
miércoles 18 de marzo de 2009, 09:32h
1.056 farmacias (37,98 por ciento) de la Comunidad presentaron recursos individuales ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 2.130 de Mutualidades, que califican de "ilegal" y "discriminatorio". Este decreto impone a las oficinas de farmacia aportaciones extraordinarias por las recetas dispensadas a los funcionarios pertenecientes a las mutualidades MUFACE, ISFAS y MUGEJU.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) y la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (ADEFARMA), que han coordinado la presentación de dichos recursos, ya habían iniciado otra serie de actuaciones contra dicha norma por considerarla "ilegal, abusiva, discriminatoria, desproporcionada y confiscatoria".
Concretamente, critican que afecta mucho más negativamente a aquellas farmacias que se encuentran en zonas residenciales de funcionarios o militares en las que la concentración de estos profesionales y sus beneficiarios es muy superior al resto de la Comunidad.
Todos los farmacéuticos españoles están sometidos desde el año 2000 a una escala progresiva de deducciones según su volumen de facturación de recetas del Sistema Nacional de Salud (Real Decreto Ley 5/2000) y a un margen fijo de 38 euros para todos los medicamentos cuyo precio sea superior a 143 euros. Estas medidas, que están recurridas y admitidas a trámite por el Tribunal Constitucional, han representado el pasado año una aportación obligatoria superior a los 400 millones de euros en toda España y de 38 millones de euros en la Comunidad de Madrid.
Esta "sangría", según los farmacéuticos, unida a la bajada de márgenes y precios de los medicamentos, puede colocar a una gran parte de las oficinas de farmacia en una rentabilidad de subsistencia y no se descartan a corto plazo reducciones de plantillas e incluso cierres.
Dentro de la batería de medidas impulsadas por el COFM y ADEFARAMA contra el real decreto, se encuentran una carta, dirigida el pasado mes de febrero, explicando la situación a la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega -aún sin respuesta-; una queja al Defensor del Pueblo -admitida a trámite-; un recurso ante el Tribunal Supremo y las 1.056 reclamaciones individuales de farmacéuticos enunciadas en el presente comunicado.