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Los presuntos espías no tenían tareas definidas dentro de la Consejería de Interior

miércoles 18 de marzo de 2009, 09:55h
José Palomo Gallego y José Manuel Pinto, dos empleados públicos de la Consejería de Interior de Madrid y presuntamente relacionados a la trama de espionaje, cuyo titular es Francisco Granados, fueron excluídos, según informa El País, de los boletines que recogen las funciones cotidianas de todos los trabajadores de Interior.
Hasta junio de 2008, ambos funcionarios tuvieron una actividad al margen de la agenda laboral de su departamento. Ni Pinto, identificado mediante una doble prueba pericial caligráfica encargada por El País como uno de los agentes que elaboró los partes del espionaje a cargos políticos del PP en 2008, ni Palomo aparecían con tarea concreta asignada en los boletines internos del departamento. Supuestamente, sólo conocía cual era su trabajo su jefe directo, Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, que cesó en junio de 2008 tras irrumpir junto a un equipo de funcionarios en una oficina de la Consejería de Justicia cuyo titular denunció el robo del ordenador.

El resto de los casi 40 compañeros de su departamento tenían una actividad definida día a día y mes a mes en los documentos internos oficiales. Pinto y Palomo tenían turno de mañana. Pero en los partes nunca quedaba constancia de su labor oficial, sólo aparecían asignados al director general mientras el resto tenía tareas asignadas en la protección interior y exterior de edificios, en vigilancia electrónica, en informática o en la propia sede de la dirección general.

José Palomo tiene como categoría la de supervisor. En los citados boletines diarios que llevan por título Distribución de los servicios a prestar por el Servicio de Seguridad de la Dirección General de Seguridad Comunidad de Madrid, sí figuraban sus dos homólogos, Carlos Correcher y Sebastián Escuadra. Pero Palomo no aparece.

Y lo mismo vale para su compañero de equipo, Pinto, con categoría de técnico. Los partes reflejaban las actividades asignadas a sus 14 compañeros del turno de mañana: algunos cumplían una ruta de verificación del servicio de control de exteriores de los distintos edificios del Gobierno madrileño. Cada cual recorría entre cinco y seis sedes. En el parte se anotaba el vehículo que usaban y sus teléfonos móviles y fijos. Por tanto, se podía saber al minuto qué hacían, dónde estaban y cómo localizarlos. Otros compañeros de Pinto tenían asignado un servicio fijo en edificios, como la de Presidencia o la Cámara de Cuentas. Y el resto de funcionarios se repartía en servicios administrativos (mecanización de datos informáticos, comunicaciones, anotación y registro de incidencias y generación de los correspondientes informes, gestión del parque móvil...).

Pinto nunca aparecía adscrito a ninguna de esas labores que cumplían el resto de sus funcionarios de igual nivel. Si en lugar de observar el parte diario de actividades de los 14 funcionarios de turno de mañana, se analiza la planilla de los 39 empleados (a ellos habría que añadir casi una decena de asesores), el resultado es más llamativo: todos tienen una asignación laboral precisa (complejo de Presidencia, seguridad electrónica, técnicos de guardia en Gobelas, protección de las distintas consejerías, informática, baja prolongada, actividad sindical, vehículos...).
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