Pedirán pena máxima para Fernández

“El delito común establece la pena máxima 30 años; por tanto, la Fiscalía, al concluir las investigaciones y de acuerdo con el artículo 252 del Código Penal, pedirá el mayor castigo previsto por la ley para el acusado por estos delitos”, dijo la autoridad del Ministerio Público. El 11 de septiembre del pasado año, grupos de campesinos y afines al prefecto Leopoldo Fernández se enfrentaron en Porvenir, Cachuelitas y Tres Barracas, con un saldo confirmado de 13 muertos y un número indeterminado de heridos. Sólo se han detenido a opositores al Gobierno por este hecho.

Por su parte, la abogada defensora de la autoridad prefectural, Sandra Almanza, afirmó que el equipo jurídico desconoce las acciones que lleva adelante esta comisión de fiscales puesto que ellos esperan que el caso sea trasladado a Sucre como corresponde.

Mientras, en la Cámara de Diputados, Jorge Silva (MAS), miembro de la comisión que investiga los hechos del 11 de septiembre del año pasado,  informó de que esta instancia ya concluyó su labor, y que, de acuerdo a las investigaciones, existen 80 personas responsables de los trágicos sucesos.
Sin mencionar nombres dijo que entre los responsables se encuentra el prefecto recluido y varios de los dirigentes que ahora se encuentran presos en la cárcel de San Pedro, a la espera de una imputación formal en su contra.

Asimismo, dijo que la investigación evidencia  la negligencia de la Fiscalía de Distrito, la Policía  y los centros de salud  de Cobija, aunque no mencionó si sus autoridades serán procesadas en la justicia ordinaria.
Las sesiones ordinarias de este cuerpo legislativo fueron suspendidas por viaje de la directiva a Europa, por lo que el informe de la comisión investigadora sólo podrá ser presentado al pleno para su aprobación o rechazo la próxima semana.

Silva coincidió con el fiscal Peralta en sentido de que los  supuestos delitos por los que se debe juzgar a Leopoldo Fernández son de orden público y no amerita juicio de responsabilidades.

Peralta añadió que la razón por la que no fueron convocados el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el aliado político del MAS en Pando, Miguel Becerra, fue porque el principal acusador, Blusher Alpire, realizó una “conferencia de prensa en un lugar no determinado y lanzó las acusaciones, pero cuando nosotros quisimos entrevistarlo y citarlo, el señor se declara en la clandestinidad”, señaló.

Añadió que por esa razón las declaraciones lanzadas ante algunos medios de comunicación no se consideran valederas porque no fueron hechas ante una autoridad competente como es la fiscalía  y el equipo especial que investiga lo que sucedió el 11 de septiembre.

Peralta cree que en los siguientes “tres o cuatro meses” estará lista la acusación formal ya que resta conocer las versiones de los “otros acusados” y descartó que sean 41 las personas que deben declarar, pero se negó a indicar qué cantidad de nuevos procesados deben ser trasladados desde Cobija hasta La Paz.

Quintana pide que devuelvan dineros
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que los cívicos pandinos que se encuentran desplazados en Brasil, que pretenden retornar al país para encarar los procesos que se abrieron en su contra, deberán devolver el dinero que les fue entregado desde la Prefectura cuando Leopoldo Fernández ejercía el cargo.

Para la autoridad gubernamental, “la razón de fondo de esos dirigentes para no retornar al país, es que ellos deben primero regresar el dinero que recibieron de la Prefectura cuando eran dirigentes, porque ellos no eran funcionarios del Estado”.

Dijo que sólo en el caso de la ex presidenta del Comité Cívico de ese departamento, Ana Melena de Zuzuki, el gobierno departamental le entregó ‘más de Bs 4 millones’ que salieron de las arcas prefecturales y de la Zona Franca de Cobija.

Añadió que las 250 personas que están en Brasileia pueden retornar a descargarse de las acusaciones que pesan contra ellas, pero que previamente deben responder por dineros estatales.

Para el Gobierno, todos los actos por los seis meses de detención de Leopoldo Fernández forman parte de la estrategia electoral con miras al proceso que se ventilará en diciembre de este año. “Parte de esa campaña es el viaje del prefecto (Rubén) Costas a Europa para conseguir recursos que les permita enfrentar la campaña electoral; hay grupos de derecha que pueden financiar sus propuestas y a eso viajaron los opositores”.

No reconoce la justicia ordinaria
El equipo de abogados que defiende al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, decidió desconocer los juzgados ordinarios y a la Fiscalía de Distrito de La Paz.

La abogada Sandra Almanza explicó que no presentará ningún recurso legal para que sea resuelto por los fiscales Eduardo Morales y Félix Peralta, o por cualquier juez de la Corte de Distrito de La Paz, porque estas instancias, según dijo, no tienen ninguna tuición sobre el caso en el que se vio involucrado Fernández.

Añadió, en ese marco, que Leopoldo Fernández debe ser juzgado a través de un juicio de responsabilidades, establecido en la Ley 2445 y, en ese marco, anticipó que se están presentando varios recursos ante la Corte Suprema de Justicia.

 Almanza descalificó a los fiscales a quienes los acusó por ejercer varias acciones de parcialización a favor del Gobierno. Indicó que existen en La Paz varios administradores de justicia que está subordinados al poder político.

 La abogada consideró que las marchas de protesta que se dieron respecto a este caso muestra el grado de desinstitucionalización del Poder Judicial. Además de Fernández, el Ministerio Público identificó a tres grupos de acusados, merced al grado de posible participación en la violenta muerte de 13 campesinos y autonomistas en Porvenir./ANF