Durante el debate en el Congreso sobre el pasado Consejo Europeo, centrado en la economía, Zapatero replicó a Rajoy, que acusó antes al Gobierno de intervencionismo en la banca por inyectar subvenciones para reactivar los créditos, que "mejor no diga nada" sobre la crisis bancaria y la actuación del Gobierno.
Zapatero se niega a aceptar consejos de los populares dado, reprochó, el enfrentamiento que dos de los barones regionales del PP, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, mantienen en Caja Madrid y que ha llevado a la entidad a enfrentarse a corta plazo a una oleada de recursos ante los tribunales. "No se recuerda cómo los intereses partidistas, las ambiciones personales y las luchas fratricidas en el seno del Partido Popular están llevando a un espectáculo lamentable en la cuarta entidad financiera", denunció el presidente del Gobierno. El líder de la oposición le contestó atacándole con la situación de Caja Castilla La Mancha -donde gobiernan los socialistas-, que sufre una falta de liquidez de más de 2.000 millones provocada por deudas que no pueden afrontar empresarios y promotores inmobiliarios de la comunidad.
La Comunidad contesta a Quintás
El ataque por Caja Madrid era esperado en las filas populares, donde se continúa intentando que Aguirre y Gallardón resuelvan un conflicto que se enquista a pasos agigantados. Al Gobierno de Madrid le quedan menos de 30 días para imponer los nuevos y polémicos estatutos -rechazados por la Asamblea General de la caja- vía orden y de momento no hay solución a la vista.
Este miércoles, el vicepresidente Ignacio González también contestó a las duras acusaciones del presidente de la patronal de las Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, que calificó como el "intervencionismo público más descarado" la actuación de la Comunidad. González, defendiendo que su ley es completamente ajustada a derecho, aseguró que Quintás no estuvo "muy afortunado en sus declaraciones" y criticó que los recursos que se piensan presentar a los nuevos estatutos suponen que el Ayuntamiento de Madrid, los sindicatos y otras instituciones "han caído en la tentación de defender su intereses particulares" en lugar de respetar la ley salida de la Asamblea de Madrid.