No es la primera vez que detienen a altos cargos públicos colombianos por mantener relaciones con las FARC. El último en caer, aunque cierto es que se entregó él mismo tras ser señalado, eso sí, ha sido el gobernador del departamento colombiano del Guaviare, Óscar de Jesús López. Lopéz se entregó diez días después de que el fiscal general, Mario Iguarán, ordenara que fuera detenido para que compareciera en un proceso por concierto para delinquir.
Los delitos de los que se le acusan, al parecer, es por su relación con Vicente Castaño, antiguo mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que se disolvió hace casi tres años después de desmovilizar a unos 31.000 paramilitares, dentro de un proceso de paz con el Gobierno. A pesar de dejar las armas, Castaño regresó a la clandestinidad para continuar con sus actividades de narcotráfico y fue asesinado al parecer en 2007 por ultraderechistas rivales.
Pero ahí no acaba esta ‘película de malos’, el gobernador también es investigado por sus relaciones con "cuchillo", alias del prófugo paramilitar y narcotraficante Pedro Oliverio Guerrero, de quien es socio en una sociedad de "exploración y exportación minera" de los Llanos Orientales del país
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